Sólo el grupo socialista de la institución provincial ha votado en contra de este punto, dada "la voluntariedad del Decreto-ley para preservar la autonomía municipal", según ha manifestado el portavoz Máximo Sanz Macario, frente a la posición de PP y Cs, en cuyo acuerdo del Gobierno con la FEMP ven el "afán confiscatorio y una solicitud condicionada", dado que, según ha aseverado el diputado delegado del área de Hacienda, Óscar Moral, "hay pueblos que no se sabe si dentro de 15 años van a existir", plazo estipulado para finalizar el reembolso de dicha cesión.

Moral ha hecho hincapié en que la puesta a disposición de los remanentes al Estado supondría "dejar sin liquidez a la Diputación, un escaso margen de maniobra frente a las circunstancias sobrevenidas con la pandemia y la dificultad de cumplir con los plazos en el pago a proveedores.

El portavoz del grupo Ciudadanos, Ángel Jiménez, ha calificado este decreto de "infame" y ha acusado a los diputados socialistas de "velar más por los intereses del partido que por los de los ciudadanos de la provincia de Segovia".

Por su parte, el portavoz socialista ha solicitado la retirada de este punto, dado que el RDL 27/20 de 4 agosto, que recoge el acuerdo alcanzado entre Gobierno y la FEMP "aún tiene que ser convalidado en el Congreso".

Asimismo, San Macario ha defendido esta posición de los socialistas ante "la ausencia de un informe previo emitido por la institución que permita disponer de una base técnica para tomar la decisión al respecto".

Además, este punto del orden del día recogía varias modificaciones presupuestarias por una cantidad próxima a los cinco millones de euros que han sido aprobadas por unanimidad y que irán destinadas a implantar el PAIMP, al capítulo I de personal dado el refuerzo que se ha necesitado en los centros residenciales y a adaptar éstos a las nuevas necesidades creadas por la pandemia del COVID-19.