El auto del TSJCyL, firmado por el presidente, José Luis Concepción Segoviano, y los también magistrados del mismo, Antonio César Balmori e Ignacio de las Rivas, considera que no ha lugar a la incoación de procedimiento criminal contra la consejera.

Esta decisión se fundamenta, según el magistrado, en que la acción de la consejera de firmar la Declaración de Impacto Ambiental no puede considerarse como "un ejercicio arbitrario del poder".

"Su postura es, cuanto menos, discutible pero su valoración queda fuera del Derecho Penal", añade el juez en dicho auto, en el que se aclara también que los técnicos tuvieron el "papel más importante" en que esta urbanización, en la que había un hotel, un campo de golf y 640 viviendas, saliera adelante.,

Esta decisión es contraria a la pretensión de colectivos ecologistas y el propio titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Avila, Miguel Angel Pérez Moreno, que entendían que existían indicios de prevaricación en su actuación.

En su resolución, el TSJCyL devuelve las diligencias al Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila, y le ordena que continúe la investigación sobre otras personas no aforadas y que figuran como imputadas en el caso.

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