Un tercio de los pisos de alquiler en Barcelona son de grandes propietarios

  • Se trata de 69.037 viviendas, que pertenecen a 2.344 titulares.
  • Es una de las conclusiones de un informe del Observatorio Metropolitano de la Vivienda.
Cartel de se alquila en una vivienda.
Un cartel anuncia una vivienda en alquiler.
UGT
Cartel de se alquila en una vivienda.

Un tercio aproximadamente de los 212.291 pisos de alquiler que el Institut Català del Sol (Incasòl) tiene contabilizados en la capital catalana está en manos de grandes propietarios. Así lo señala un informe que ha presentado este jueves el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona (O-HB), que muestra que un 32,4% (69.037) pertenecen a titulares que tienen más de 10. Estos propietarios son 2.344 y representan el 2,34% de los que poseen pisos en alquiler.

La directora del O-HB, Anna Vergés, ha considerado que "el nivel de concentración es bastante elevado", pero no ha entrado a valorar si este hecho es positivo o no. Ha afirmado, sin embargo, que "hay grandes propietarios que cumplen una función social", y ha celebrado que entre los 10 contribuyentes con más viviendas están tres administraciones públicas.

El informe refleja, asimismo, que este porcentaje del 32,4% de pisos de alquiler en manos de grandes propietarios prácticamente dobla el del conjunto de viviendas que pertenecen a este tipo de dueños en la ciudad, sean de arrendamiento o no (17%).

De los 69.037 pisos de alquiler de titulares con más de 10, solo el 24,2%, un total de 16.731, son de particulares. Estos concentran 134.340 de las 212.901 viviendas que se arriendan en Barcelona, el 63%.

El estudio muestra, además, que el total de pisos de alquiler están en manos de 100.020 propietarios, que tienen una media de 2,1 cada uno.

Sobre el conjunto de viviendas en Barcelona, tanto las que son de arrendamiento como las que no, el informe señala que el parque "está muy atomizado", porque las 780.775 que se estima que hay pertenecen a 514.978 dueños, con una media de 1,5 cada uno. 

Un 84,3% de los pisos son de particulares y un 15,7%, de otro tipo de propietarios. De los de estos últimos, el 11,4% pertenece a personas jurídicas; el 1,6%, a administraciones públicas; y el resto, a entidades sin ánimo de lucro.

Sin embargo, la presencia de particulares se reduce considerablemente entre los grandes propietarios de viviendas. Los que tienen más de 10 pisos son el 39,5%.

Las administraciones públicas con más de una decena de viviendas tienen una mayor presencia en los barrios "más periféricos" de Barcelona, así como en el distrito de Ciutat Vella, mientras que el resto de propietarios, en los barrios céntricos de la ciudad. Los que tienen más de 10 pisos se concentran en el eje que va de de Ciutat Vella a Sarriá-Sant Gervasi, pasando por el Eixample y Gràcia.

El Ayuntamiento de Barcelona, el Instituto Municipal de la Vivienda y la Rehabilitación de Barcelona (IMHAB) y el Incasòl son titulares de 11.066 pisos y los propietarios con más parque de la ciudad.

Planes municipales de vivienda ante la crisis de la Covid-19

El Pacto por Barcelona para reconstruir la ciudad ante la crisis de la Covid-19 que firmaron el martes el gobierno municipal, todos los grupos del Consistorio y unas 200 entidades contempla distintas medidas para facilitar el acceso a la vivienda. Entre ellas está poner en marcha un nuevo plan de rehabilitación dirigido sobre todo a comunidades vulnerables, con estímulos fiscales, instrumentos financieros, subvenciones y más agilidad administrativa.

También se prevé impulsar la construcción de vivienda asequible, de alquiler y dotacional a través de mecanismos de cooperación publico-privada y ampliar la bolsa de alquiler municipal con la incorporación de pisos de grandes tenedores, la habilitación de nuevos espacios para uso residencial y acuerdos para transformar pisos turísticos en residenciales.

Otro de los objetivos es promover nuevas modalidades de vivienda accesible para personas mayores y con discapacidades y un programa de vivienda para jóvenes.

Se busca, además, garantizar los realojamientos dignos y evitar el uso de pensiones, y también está previsto reducir las listas de espera de las mesas de emergencia

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