Unides Podem advierte de que el Patsecova "no puede retrasarse más por la presión de los lobbies"

El portavoz de Economía de Unides Podem, Ferran Martínez, ha advertido este viernes de que la aprobación del Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (Patsecova) "no puede retrasarse más por la presión de los lobbies".

En un comunicado, el diputado autonómico ha aludido a la sentencia del Tribunal Supremo que ha rechazado el recurso de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre Intu Mediterrani y ha manifestado que esto refuerza la necesidad de que la administración tenga las herramientas legales necesarias para poder ordenar el desarrollo del comercio.

Ha indicado que el Patsecova va en esa dirección porque "se trata de limitar la expansión de las grandes superficies comerciales para minimizar el daño ecológico y sobre el pequeño comercio".

Martínez ha recordado que este plan "debería haberse aprobado ya en la legislatura anterior y no se hizo" y "su larga tramitación ha venido acompañada de largas negociaciones y cuenta con todos los informes preceptivos favorables", por lo que solo falta la aprobación por parte del Consell.

Ante esta situación ha advertido de que la aprobación "no puede seguir retrasándose por la presión de determinados lobbies por muy poderosos que sean" porque el Botànic "se debe a su programa de gobierno y al interés general de la sociedad valenciana".

INTU, UNA "AMENAZA" PARA EL COMERCIO LOCAL

El parlamentario ha asegurado que Intu Mediterrani "es una amenaza contra el comercio local, como han denunciado reiteradamente sus representantes, y contra el paraje natural de Les Moles, uno de los últimos pulmones verdes del Área Metropolitana de València".

Ha afirmado, además, que Intu "está quiebra, con un elevadísimo nivel de deuda y hundida en su cotización en bolsa", por lo que "es evidente que no hay intención por su parte de desarrollar un proyecto comercial viable, sino tan solo de ejecutar un pelotazo inmobiliario para revender posteriormente los activos y poder desahogar su situación financiera".

A su juicio, es "una operación a la desesperada, no hay ninguna intención de cumplir las promesas hechas en cuanto rentabilidad y generación de puestos de trabajo" y ha alertado de que "el precio del desastre lo terminarán pagando, como siempre, las administraciones Públicas y todos los valencianos y valencianas".

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