Según ha informado Greenpeace, esta directiva exige la obtención de una Autorización Ambiental Integrada (AAI) para que una instalación industrial pueda funcionar, siempre que se respeten ciertas condiciones medioambientales.

Exige, entre otras cuestiones, "la aplicación de todas las medidas adecuadas de lucha contra la contaminación y, en particular, el recurso a las mejores técnicas disponibles; la prevención de toda contaminación importante o la adopción de medidas para que, al cesar las actividades, el lugar de la explotación vuelva a quedar en un estado satisfactorio", recuerda la organización ecologista.

Greenpeace entiende que ninguna de estas cuestiones se cumple en el caso de los vertidos de fosfoyesos que Fertiberia realiza en las marismas del Tinto y a quien la Junta amplió el plazo para seguir vertiendo.

Por último, ha señalado que "afortunadamente, parece que las autoridades europeas se muestran más preocupadas con la situación que vive Huelva que la propia Junta de Andalucía o el Ministerio de Medio Ambiente".

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