La Justicia argentina resolvió este viernes intervenir Aerolíneas Argentinas, controlada por el grupo español Marsans, y su subsidiaria de vuelos nacionales Austral, a petición del gobierno de Cristina Fernández, confirmaron fuentes de la empresa.

El secretario de Transporte argentino, Ricardo Jaime, acudió a la sede corporativa de la línea aérea para notificar la medida judicial a la empresa y se espera que en los próximos minutos hable con la prensa, señalaron las fuentes.

Según el ministro argentino, la medida se decidió para garantizar "el normal funcionamiento" y la capitalización de la aerolínea y después de la reunión del directorio de Marsans celebrada el pasado martes en la que el grupo español quiso nombrar gerente adjunto a uno de sus directivos, Jorge Molina, con las mismas capacidades que el gerente general, Julio Alak.

El grupo español Marsans había dado un ultimátum al Gobierno argentino para acordar en el plazo de una semana una solución "amistosa y confiable" por la controversia en torno a Aerolíneas Argentinas antes de acudir a un tribunal internacional.

Si el acuerdo no se hubiese producido antes del jueves próximo, el grupo español hubiera demandado a Argentina ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), tribunal dependiente del Banco Mundial, confirmaron fuentes de Marsans.

Historia conflictiva

Creada en 1950, la empresa fue privatizada en 1990 y vendida a Iberia, que ocho años más tarde cedió la gestión a la aerolínea estadounidense American Airlines. La operación de la compañía pasó en 2000 a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), que en octubre de 2001 traspasó Aerolíneas al grupo privado español Marsans en medio de la crisis financiera de la firma por millonarias pérdidas acumuladas.

Bajo la gestión de Marsans, la compañía revirtió sus resultados negativos, pero volvió a registrar pérdidas a partir de 2005, con el agravamiento paulatino de las variables financieras y de servicio, en medio de una seguidilla de conflictos con los sindicatos que representan a los empleados de la compañía y de sus subsidiarias. A finales de 2006 el Estado argentino elevó su participación en la empresa al 5%.

El pasado 8 de julio Marsans anunció al gobierno argentino que no seguiría pagando los salarios de sus trabajadores, lo que desencadenó el proceso que ha derivado en la intervención judicial.