El atasco que sufren los tribunales cordobeses no sólo no disminuye, sino que aumenta con el paso del tiempo. Ésta es la principal conclusión que se extrae de un informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que revela que a finales de junio del presente año había 17.804 sentencias en trámite de ejecución en los órganos judiciales de la provincia.

Esta cifra es un 10,6% superior a la cuantía de resoluciones pendientes que había un año antes, según se recalca en este estudio. Los juzgados de la jurisdicción civil son los que soportan una mayor carga de trabajo, con un total de 12.965 sentencias.

En segundo lugar se encuentran los tribunales penales, que cuentan con 4.401 resoluciones por ejecutar, mientras que el orden social se queda con 407 y el contencioso-administrativo con 25. El colapso del sistema judicial cordobés también se refleja en el número de asuntos que están pendientes de juicio.

El informe del CGPJ pone de manifiesto que en las mesas de los funcionarios se acumulaban a finales del primer semestre un total de 24.839 expedientes, frente a los 20.880 que había hace un año. Esto significa que se ha registrado un incremento interanual del 19%.

En este documento se hace hincapié en el hecho de que cada órgano tiene de media 468 asuntos por resolver. En este caso, los juzgados penales son los que soportan una mayor carga de trabajo pendiente, con un total de 11.186 expedientes.

Para hacer frente a esta situación, el Ministerio de Justicia ya ha anunciado la creación a finales de año en Córdoba de un nuevo juzgado de lo penal, otro de lo contencioso-administrativo y otro de primera instancia.

Los sindicatos piden más medios

«El funcionario va con agobio a su trabajo y eso repercute en el servicio que recibe el ciudadano». Así lo cree el presidente del sector de Justicia del sindicato CSI-CSIF en Córdoba, Aurelio Garrido, quien califica de «muy deficitaria» y «dantesca» la situación de los tribunales de la provincia por su elevada carga de trabajo.

Este representante sindical reclama un incremento del 25% de la plantilla de los juzgados, así como una mejora de las instalaciones. Además, pide que se agilicen los trámites para construir la Ciudad de la Justicia y acabar así con «la actual dispersión de órganos judiciales».

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