Gaspar se ha mostrado tajante a la hora de señalar que "es momento de pasar del qué hay de lo mío al qué hay de lo nuestro" y ha instado a todos, gobierno y oposición, a "ponerse las pilas para seguir avanzando en la modernización de una diputación que debe determinar por unanimidad cómo trabajar mejor y dar respuesta a las necesidades de los municipios, que no son las mismas que tenía el mundo de hace tres meses, ya caducado".

Ha recordado, desde la "geometría variable" de sus distintas experiencias en la casa tanto en gobierno como en oposición, que este debate sobre las modificaciones de puestos de trabajo "lleva años produciéndose siguiendo un mismo guión, con idénticos argumentos por parte de distintos partidos según ocupan una u otra bancada, lo que aboca a sucesivas modificaciones cortoplacistas que no tienen en cuenta la organización a medio y largo plazo que necesita cualquier administración".

Gaspar ha admitido que un acuerdo sobre cuestiones de personal siempre es "complicado", pero cree que finalmente "será posible dejar de arrojarnos los trastos a la cabeza y consensuar las mejoras necesarias para hacer frente a las exigencias de la estructura laboral de la institución y de nuevas realidades como el teletrabajo, dejando tranquilos al diputado o la diputada de Personal de turno, que solo tratan de organizar el servicio de la mejor manera".

Antes de esta intervención de Toni Gaspar el diputado Jesús Gimeno (Cs) ha cuestionado la ausencia de informes técnicos que justifiquen la modificación llevada a pleno y ha repasado las reivindicaciones sindicales antes de concluir que esta RPT "no era necesaria y no concede preferencia al personal de la Diputación".

Ximo Segarra, en representación del PP, ha lamentado "las tres modificaciones que llevamos en esta legislatura y que han afectado a más de 300 puestos de trabajo, que poco tienen que ver con una planificación de futuro". Según el diputado popular, "empleados y sindicatos no entienden estos cambios y tampoco que algunas plazas se abran a otras administraciones y otras no". A su juicio, se pone de manifiesto "una absoluta falta de criterio que deja la duda que apunta algún sindicato de que pueda haber trajes a medida".

En respuesta a la oposición, la diputada de Personal, Pilar Molina, ha defendido que la gestión de su departamento "busca siempre lo mejor para la institución, teniendo en cuenta las necesidades de los departamentos en cada momento, como puede ser reforzar el asesoramiento a los municipios, la eficiencia energética, la prevención a causa de la pandemia o la apertura de nuevas oficinas de gestión tributaria".

Ha explicado que se recurre a otras administraciones cuando no hay personal cualificado en la Diputación para desempeñar determinados trabajos que forman parte de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2019, y ha asegurado que los sindicatos "han tenido la información necesaria, aunque no siempre es posible llegar a un acuerdo con todos".

Por su parte, el portavoz de La Vall ens Uneix, Joan Sanchis, ha dado un voto de confianza al equipo de gobierno provincial en la modificación de la RPT, esgrimiendo que "todas las administraciones tratan de resolver el tema de las necesidades laborales de la mejor manera posible".

La reflexión de Gaspar ha cerrado el debate sobre la modificación de la RPT, aprobada por PSPV, Compromís y La Vall en los primeros compases de un pleno histórico por varios motivos, entre ellos el de ser la primera institución valenciana que regresa a la normalidad con una sesión 100% presencial tras la pandemia. También ha resultado novedoso el escenario del pleno, que en esta ocasión ha sido la Sala Alfons el Magnànim de la Beneficència, propiedad de la corporación.

AMPLIACIÓN DE PLAZOS

El pleno de junio ha aprobado además la ampliación de plazos para la justificación de las obras del SOM 18/19 y el IFS de 2018, con el fin de facilitar a los municipios la tramitación y ejecución de estas actuaciones de mejora en los pueblos de la provincia. El vicepresidente y diputado de Cooperación, Carlos Fernández Bielsa, ha agradecido a todos los grupos la unanimidad a la hora de atender la "petición de la inmensa mayoría de alcaldes y alcaldesas".

De esta forma, el plazo para justificar los proyectos del Plan de Servicios y Obras Municipales de 2018-19, que finalizaba el 20 de julio, se amplía hasta el 27 de octubre, y el plazo de justificación de las obras del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles de 2018 se amplía del 6 de julio al 12 de octubre. En ambos casos, la prolongación responde a los 99 días que ha durado el estado de alarma.

La sesión plenaria se ha cerrado con la lectura de una declaración institucional, firmada por todos los grupos tras la moción presentada por Ciudadanos, sobre la ejecución de las alternativas propuestas en el informe Cedex para las playas de Tavernes de la Valldigna.