Según ha explicado el PP este martes en un comunicado, el decreto, además de afectar a los propietarios de solares falsos urbanos en sa Ronda y la zona de las antiguas bodegas, "veta la actividad económica" en suelo rústico y devalúa el patrimonio de los payeses.

En este sentido, el grupo municipal ha registrado y defenderá una moción en la sesión plenaria de este jueves "para que se anule el decreto del Govern".

A su parecer, el decreto generará un incremento de los precios del suelo disponible para edificar ya que el suelo disponible disminuye y en consecuencia, esto provocará un incremento del precio de la vivienda.

La portavoz del PP en sa Pobla, Violeta Rodríguez, ha subrayado que la nueva norma "prohibicionista" es un "duro revés" económico para sa Pobla.

Rodríguez ha argumentado que tendrá "consecuencias muy negativas" para la economía en general, pero de forma especial para las pequeñas y medianas empresas y autónomos locales que se dedican, directa o indirectamente a la construcción, como aparejadores, carpinteros, ingenieros, albañiles, fontaneros, electricistas, pintores o herreros.

Para la portavoz popular, es "increíble" que el decreto se haya aprobado en plena crisis de la Covid-19, "cuando es más necesario que nunca implementar medidas para estimular la economía".

Además, ha calificado como "impresentable" que los Ayuntamientos no puedan decidir sobre la situación en la que quedan los suelos afectados por el decreto.

Según han señalado, hay "una clara invasión de competencias municipales" cuando se regulan los falsos urbanos y los urbanizables sin desarrollar, dando a los consells insulares la competencia para decidir en qué situación queda este suelo, es decir, si pasa a rústico o no.