El Gobierno de la Comunidad de Madrid acaba de confirmar lo que su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, anunció hace unos días: llevará al Gobierno central a los tribunales por no haber permitido el avance de la región a la fase 1 de la desescalada desde el 25 de mayo. 

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El Ejecutivo PP-Cs ha informado de que se va a interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra la decisión del Ministerio de Sanidad. La decisión se ha tomado en un Consejo de Gobierno extraordinario que se ha celebrado este miércoles por la tarde, el segundo de la jornada ya que por la mañana había tenido lugar la reunión ordinaria de todas las semanas.

En una rueda de prensa el pasado sábado, Díaz Ayuso ya avanzó que no descartaba actuaciones legales si no se hacían públicos los criterios y las personas que tomaban las decisiones, tras el segundo rechazo de cambio de fase. Desde el Ejecutivo consideran que la resolución adoptada por Sanidad "no obedece a criterios técnicos aplicados de forma homogénea a todo el territorio" y por eso han decidido dar este paso, previa consulta a los servicios jurídicos de la Comunidad.

En relación con la primera solicitud de cambio a la fase 1, la Comunidad de Madrid no tiene constancia de que exista ningún informe que motive el rechazo a la petición de progresión, lo que podría suponer "un defecto grave".

Respecto a la segunda, desde el Ejecutivo han hecho hincapié en que el informe de la Dirección General de Salud Pública del ministerio es "posterior a la comunicación de la decisión" a la Comunidad y, además, "las razones que esgrime el informe para motivar la denegación no tienen relación directa con los indicadores del llamado Plan para la Transición a una Nueva Normalidad".

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Por otro lado, el Gobierno madrileño afirma tener "dudas razonables" acerca de que los indicadores se estén aplicando de manera homogénea para todas las comunidades autónomas, lo que, bajo su punto de vista le hace cuestionarse "la validez jurídica de la decisión", tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista del respeto al principio de igualdad, según precisan.

La Comunidad insiste en que cumple "todos los requisitos" que exige Sanidad desde la primera solicitud. Así, el Ejecutivo madrileño entiende que la forma en la que se han tomado las decisiones de cambio de fase "podrían vulnerar varios principios y normas esenciales" del ordenamiento jurídico, lo que justifica la presentación del recurso contencioso-administrativo por parte de la Comunidad de Madrid.