La Audiencia Provincial de Cádiz juzgará a un empresario que construyó 21 viviendas en la zona conocida como poblado militar de San Carlos, de las que según la Fiscalía, vendió algunas teniendo ya conocimiento de la negativa de permiso del Ministerio de Defensa al tratarse de una zona próxima de seguridad, por lo que solicita una pena de seis años de prisión por un delito continuado de estafa.

Según el fiscal, el acusado constituyó una sociedad en junio de 1996 y por medio de esta, en julio de 2000 inició un expediente administrativo en el Ayuntamiento de San Fernando para la construcción de 21 viviendas en un solar en zona próxima de seguridad.

En agosto de ese mismo año le fue concedida la licencia de obras municipal, sin embargo el mes anterior, en agosto, tuvo comunicación de que era necesaria la autorización del Ministerio de Defensa para edificar en esa zona, lo cual solicitó y le fue notificada la negativa en diciembre.

Hasta tres confirmaciones

Posteriormente, tras presentar recursos, la Audiencia Nacional en 2002 y el Tribunal Supremo en 2004 confirmaron la negativa a la construcción en la citada zona. Además, según indica la Fiscalía, la circunstancia obstativa a la construcción y calificación de la zona se le hizo constar también por el Ayuntamiento en marzo de 2001.

El constructor fue desautorizado por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el ayuntamiento de San Fernando

Por su parte, la autoridad militar intentó la paralización de la obra en enero y febrero de 2001 y se impuso una multa ese mismo años y la obligación de demolición de lo construido, cuya resolución fue confirmada por sentencia de la Audiencia Nacional y está pendiente de resolver el recurso de casación el Tribunal Supremo.

No obstante, según la Fiscalía, durante este tiempo se procedió a realizar contratos privados de compra por medio de la promotora, que añadió que cuando recibió la totalidad del precio por las escrituras ya se sabía que era negativa la resolución para edificar y se había resuelto el expediente sancionatorio con multa y demolición.

Por todo ello, tras haber pagado algunos de los compradores cantidades que superan los 110.000 euros, la Fiscalía pide una condena de seis años de prisión por un delito continuado de estafa, así como una indemnización a todos los compradores perjudicados.

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