Camblor y la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, han mantenido una reunión por videoconferencia con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y representantes del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y de las comunidades con competencias en esta materia para analizar los efectos de la pandemia del coronavirus, Covid-19.

En la reunión se ha abordado la prestación de los servicios esenciales en la Administración de Justicia durante el estado de alarma que, de manera general, están funcionando con normalidad. También se ha analizado el impacto en la actividad judicial que, durante esta semana, ha disminuido de forma notable, con unos servicios mínimos de algo más del 10% de la plantilla.

Además, se han tratado aspectos como la seguridad laboral del personal al servicio de los juzgados y fiscalías, según indican desde el Gobierno asturiano en nota de prensa. También se ha valorado el ofrecimiento de los médicos forenses de colaborar con las autoridades sanitarias para hacer frente a esta crisis.

Por otra parte, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes una disposición por la que se encomienda al Ministerio de Justicia la coordinación de la actividad profesional de los cuerpos de funcionarios de este sector en todo el Estado, así como de los servicios públicos prestados a través de los colegios profesionales; en particular, el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita.

En aplicación de esta disposición, el Ministerio podrá adoptar las resoluciones necesarias para garantizar una aplicación homogénea de los servicios esenciales, proteger los derechos y libertades de la ciudadanía y seguir las recomendaciones establecidas por Sanidad para salvaguardar la salud pública.