Llevan cerca de siete años litigando y aún existe la discordia... pero parece ser que el Tribunal Supremo se ha puesto de lado de Sergio Ramos y le ha dado un varapalo importante a Fran Rivera en esta batalla legal al aceptar el recurso interpuesto por el futbolista.

La empresa del capitán del Real Madrid apeló a la justicia para que le diese la razón y ahora el tribunal ha considerado legítimo su recurso y podrá reclamar libremente una decisión del Ayuntamiento de Sevilla que se remonta al año 2012, cuando comenzó todo.

Fue entonces el origen de la disputa. El consistorio andaluz decidió adjudicar la concesión del mercado Gourmet El Barranco a una UTE (Unión Temporal de Empresas) que estaba formada por Fran Rivera y el periodista Carlos Herrera, entre otros.

La empresa formada por Sergio Ramos y José María Manzanares no fue la seleccionada a pesar de que se trataba de un concurso en el que Sermos 32, la compañía del defensa de 33 años de la Selección Española, había hecho una importante oferta, la cual no fue aceptada por el ayuntamiento.

Este se decantó por la empresa del matador y colaborador televisivo. Sin embargo, Sergio Ramos y el resto de su compañía decidieron entonces dar inicio a una serie de acciones legales, siendo su equipo de juristas el que mantenía que la empresa ganadora, de Fran Rivera, "tenía falta de solvencia y no se encontraba al corriente de los pagos con Hacienda y la Seguridad Social", lo cual conllevaba "problemas para contratar".

Además, los abogados del esposo de Pilar Rubio afirmaban en su alegato a la UTE del torero y del periodista de falsedad en las declaraciones con el fisco, no estando pues al corriente de sus obligaciones tributarias.

El Trbunal Supremo, siete años más tared, ha dado la razón a Sermos 32 según una sentencia a la que ha tenido acceso el diario ABC y que confirma la legitimidad de la empresa del camero para recurrir la adjudicación que concedió en 2012 el Ayuntamiento de Sevilla.

Además, el susodicho medio publica que el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) tendrá que revistar e inspeccionar aquella adjudicación del cabildo de la capital andaluza para buscar posibles irregularidades, según obliga el alto tribunal.