Estos últimos terrenos, según el Ayuntamiento, pasarán automáticamente al procedimiento de venta forzosa por parte de la Administración, al igual que ocurre desde 2017 para todos los ubicados en el Casco Histórico. Esta decisión se adopta ante la ausencia de cambios significativos desde la última aprobación, en noviembre, y pendiente se volverá a revisar antes de la finalización de 2020.

La nueva regulación de la moratoria tiene una duración exclusiva de ocho meses. Transcurrido este periodo, a finales de 2020, podrán de nuevo revisarse los requisitos o directamente poner fin a este modelo diseñado en 2014 con motivo del inicio de la crisis económica, principalmente para promotores que no habían podido iniciar los proyectos previstos en sus suelos debido a motivos económicos -por ejemplo, de acceso a financiación-.

Desde 2014, el Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado en varias ocasiones suspender el cómputo del plazo previsto en el artículo 3.3 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas para el cumplimiento del deber de edificar de los solares y parcelas en suelo urbano consolidado. De esta forma, y dadas las dificultades alegadas por muchos de los propietarios para iniciar sus inversiones, se acordó no someter estos solares a los procedimientos de venta forzosa. Debido a la reactivación económica y del sector, desde el año 2017 se decidió excluir de esta moratoria a todos los solares ubicados en el Casco Histórico, medida que se prorrogó en 2018.

En estos momentos, esta moratoria afecta aproximadamente a 110 solares de la ciudad. De ellos, un 60 por ciento tienen superficies inferiores a 150 metros cuadrados y sus titulares con pequeños y medianos inversores. Asimismo, 41 solares se encuentran en Sevilla Este, donde sus titulares están activando estas bolsas de suelo por fases, de forma que no se encuentran paralizadas, sino que se están tramitando los proyectos necesarios.

Por este motivo, y ante estas circunstancias, el consejo de la Gerencia de Urbanismo aprobó en noviembre una nueva prórroga en esta moratoria de cuatro meses, que ahora se renueva en las mismas condiciones en otros ocho meses más.

Además, se mantiene una medida para resolver un problema que afecta a numerosos barrios de la ciudad como son los solares privados sin una adecuada conservación, donde en muchas ocasiones se tiene que producir una intervención subsidiaria por parte de los servicios municipales. Aquellos titulares de suelos que tengan órdenes de ejecución de medidas de cumplimiento del deber de conservación que no hayan implementado pasan automáticamente a ser excluidos de la moratoria y, por tanto, las parcelas serán sometidas a un procedimiento de venta forzosa.