Memoria.- La Coordinadora Republicana pide a Maeztu que "intervenga" en el caso de la tumba de Queipo

La Coordinadora Andaluza de Organizaciones Republicanas ha entregado este jueves un escrito en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, en demanda de que dicha institución "intervenga" ante el "incumplimiento" de la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática implícito en la tumba del general golpista Gonzalo Queipo de Llano que conserva la basílica de la Macarena, y en consecuencia "inste" al Gobierno autonómico de PP y Cs a hacer cumplir dicha legislación promoviendo la salida de la sepultura del citado templo.
SEVILLA, 27.09.19 Imágenes de recirso de la tumba de Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, enterrado en la basílica de la Macarena.
SEVILLA, 27.09.19 Imágenes de recirso de la tumba de Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, enterrado en la basílica de la Macarena.
MARÍA JOSÉ LÓPEZ
SEVILLA, 27.09.19 Imágenes de recirso de la tumba de Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, enterrado en la basílica de la Macarena.

José Manuel García, exconcejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla y miembro de la citada plataforma, ha señalado en declaraciones a Europa Press la demanda de que la basílica de la Macarena deje de acoger los restos de Queipo de Llano, a cuyas órdenes fueron perpetrados los fusilamientos acontecidos en Sevilla tras el alzamiento militar del 18 de julio de 1936.

Sobre el asunto pesa el acuerdo plenario aprobado por el Ayuntamiento en julio de 2016, con la abstención de Cs y el voto contrario del PP, reclamando precisamente que el templo de la hermandad de la Macarena deje de acoger dicha tumba.

Merced a dicho acuerdo plenario, el Consistorio avisaba a la hermandad de la Macarena y a la Archidiócesis de Sevilla sobre el contenido de las leyes estatal y autonómica de memoria histórica y las obligaciones que de ellas derivan para los particulares y organizaciones privadas.

EL PAPEL DE LA JUNTA

En paralelo, recordemos que en virtud de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y su decreto sobre símbolos y actos contrarios a la misma, la Junta anunciaba en julio de 2018 la creación de un comité encargado de emitir un dictamen "vinculante" sobre la tumba de Gonzalo Queipo de Llano y otros "elementos contrarios a la memoria histórica que no hubiesen sido retirados o eliminados voluntariamente por parte de sus titulares".

Más recientemente, la actual consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo (PP), insistía en que para solucionar el caso de la tumba de Queipo de Llano todavía sería necesario un desarrollo reglamentario de la vigente Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática.

EL "REGLAMENTO" DE LA LEY

Al respecto, la hermandad de la Macarena viene defendiendo que el columbario proyectado por la entidad "podría suponer en un futuro una posible vía de solución" al enterramiento del general golpista si así lo aceptase la familia del mismo, avisando además de que con la Ley Andaluza de Memoria Histórica tal como está "dictada", sin un "reglamento que la perfeccione", no pesa "ninguna obligación de sacar" los restos del militar. Eso sí, la entidad avisaba recientemente de que la construcción de dicho columbario "no tiene fecha de inicio ni de finalización".

Frente a ello, José Manuel García, en nombre de la Coordinadora Andaluza de Organizaciones Republicanas, ha defendido que la Ley autonómica de Memoria Histórica y Democrática "es muy clara" y recoge que los titulares de espacios que alberguen vestigios contrarios a dicha normativa "deben eliminarlos, sean públicos o privados" los enclaves donde estén instalados tales elementos, así como que debe ser la Junta quien haga cumplir tal extremo si los titulares no lo hacen.

LA HERMANDAD DEBERÍA ACTUAR "POR DECISIÓN PROPIA"

En ese sentido, ha argumentado que la junta de gobierno de la hermandad de la Macarena debería sacar la tumba de Queipo de Llano de la basílica de la entidad "por decisión propia" y que dado que ello no sucede, en consecuencia "debería actuar la Junta", cuyo actual Gobierno de PP y Cs sostiene que para tomar medidas aún es necesario un desarrollo reglamentario de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, extremo este último que niega José Manuel García.

Dado el caso, el mencionado escrito de la Coordinadora Andaluza de Organizaciones Republicanas ante la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz da cuenta de esta situación y del "incumplimiento" implícito respecto a la Ley de Memoria Histórica y Democrática, reclamando que dicha institución "intervenga" e "inste" a la Junta de Andalucía a aplicar la citada regulación autonómica.

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