Quiñonero apuntó que "no puede hablarse de una modificación urbanística irregular ni de declaración de impacto ambiental ilegal cuando la normativa existente deja la puerta abierta a actuaciones como la planteada en la Zerrichera", que recordó que supone la reclasificación de un 0,75% de la superficie de más de 22.000 hectáreas del paraje ZEPA y LIC de la Sierra de la Almenara.

A su juicio, "debe respetarse la investigación judicial en curso y, si ha lugar, averiguar posteriormente si de esa actuación enjuiciada se derivan responsabilidades políticas". Asimismo, Quiñonero recordó que en La Zerrichera no se ha puesto aún ni un sólo ladrillo, mientras que en la otra vertiente de la sierra, en Lorca, un gobierno municipal del PSOE autorizó actuaciones.

La diputada del PSOE, Teresa Rosique, reprochó a Quiñonero la "escasa valentía" del PP de no pedir la nulidad de la modificación urbanística que permite sobre el papel construir en la citada zona y subrayó que tiene conocimiento de la existencia de "informes de los servicios jurídicos de la Consejería de Presidencia que aconsejan que se anule esa modificación y los efectos de unos informes ambientales favorables manipulados".

Asimismo, subrayó que la Ley Regional del Suelo, no permite urbanizar en zonas consideradas LIC o ZEPA.

Por su parte, José Antonio Pujante, de IU incidió en que el frustrado proyecto de construir en La Zerrichera es "un ejemplo de un modelo fracasado" de desarrollo urbanístico "basado en la compra a bajo precio de un terreno protegido y su reclasificación por medio de connivencias y presiones".

Asimismo, se escandalizó del mantenimiento del Gobierno municipal de Aguilas, basado en "la presencia de un concejal trásfuga, Clemente García, del que existen conversaciones que señalan sus conexiones con el que era propietario de ese suelo en La Zerrichera, Trinitario Casanova.