Tras la Junta de Gobierno Local, la alcaldesa, Clara Luquero, ha recordado que la empresa fijó este plazo para el pasado 9 de enero, lo que supone una penalización de 1.824,98 euros por cada día de retraso en la ejecución. "Si se cumple la previsión de su conclusión el próximo 28 de febrero la cifra podría alcanzar los 90.000 euros", según ha destacado Luquero.
El expediente sancionador abierto también incluye otra serie de infracciones a las que habría incurrido la adjudicataria como es el incumplimiento, catalogado de penalidad muy grave y con un coste de 15.208 euros porque "la implantación del sistema de control de seguimiento de obra dista de la oferta y se considera incompleta e insuficiente", dado que la empresa había propuesto en su oferta crear una plataforma online de seguimiento de la obra, que no ha creado.
El procedimiento recoge también como muy grave y con un coste de igual cantidad al anterior porque la justificación aportada, relativa al control de calidad hecho hasta ahora dista mucho de la oferta presentada, puesto que según su propuesta "tendría que ser el dos por ciento del presupuesto, un importe de 60.000 euros, y se considera incompleta e insuficiente".
El último de los incumplimientos que recoge el expediente abierto es una penalidad leve, de 1.520 euros, referida al retraso en la entrega de la documentación "requerida y detallada sobre los suministradores y subcontratistas que participan en el contrato".
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