La Fiscalía pide cinco años de cárcel para el exconcejal de CiU en Barcelona Antoni Vives, acusado de contratar ilegalmente en Barcelona Regional a un exalcalde convergente, que en cuatro años se embolsó presuntamente 155.067 euros sin desempeñar ningún trabajo en la empresa municipal.

En su escrito de acusación, el ministerio público acusa a Vives, al exdirector general de Barcelona Regional Guillermo Muller y al exalcalde de Cervelló (Barcelona) Jesús Arévalo de un delito de falsedad documental, en concurso con prevaricación y malversación de caudales, y pide cinco años de prisión para cada uno de ellos.

La Fiscalía sostiene que Vives -investigado en el "caso 3%", por el presunto pago de comisiones ilegales a CDC- se puso de acuerdo con Muller para contratar "ficticiamente" a Arévalo entre los años 2012 y 2015, después de que este se lo solicitara a su partido para "completar su remuneración anual" tras ser elegido alcalde.