Así lo ha anunciado este lunes en el Pleno del Parlamento el consejero de Industria, Francisco Martín (PRC), en respuesta a sendas interpelaciones de Ciudadanos y Vox, que han acusado al Gobierno de "vender humo" y generar falsas expectativas en torno a la explotación de zinc.
Martín les ha replicado que cualquier gobierno que tenga la posibilidad de "generar dinámicas" que deriven mediante la explotación de un recurso bajo tierra, en la creación de 2.000 empleos y 600 millones de inversión, "tiene la obligación de hacerlo".
El consejero considera que las expectativas siguen "intactas" porque los 350 sondeos de AZSA "atestiguan que existe zinc" en el subsuelo; y tiene "constancia verbal" de que existe "interés" por parte de empresas del sector en optar al concurso del permiso de investigación "para las cuadrículas que hace 10 días han quedado vacantes".
Ha destacado además que aunque Cantábrica de Zinc no haya cumplido sus obligaciones concesionales, el resto de las empresas hasta siete que se presentaron al concurso siguen con sus permisos de investigación, que fueron por tres años, con lo que todavía tienen dos años por delante para trabajar.
El consejero ha subrayado además que el coste para la administración es "cero" y que "no hay ningún perjuicio ni ambiental ni económico". Ha añadido que la única variable por determinar es si la explotación del zinc es rentable, y eso no le corresponde al Gobierno.
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