La Fiscalía de Lleida archiva la investigación sobre la gestión del club infantil Banyetes

La Fiscalía de Lleida ha archivado la denuncia que presentó en noviembre el Ayuntamiento de la ciudad (gobernado desde junio de 2019 por ERC, JxCat y el Comú), por presuntas irregularidades de la gestión del club infantil Banyetes, que recibía dinero del consistorio, y en particular contra su promotor, Jesús Costa, argumentando que los hechos ocurridos entre 2005 y 2019 "no son constitutivos de delito".
Sandra Castro, Jordina Freixanet y Elena Ferre, concejalas de Lleida, a la salida de Fiscalía de Lleida tras presentar la denuncia.
Sandra Castro, Jordina Freixanet y Elena Ferre, concejalas de Lleida, a la salida de Fiscalía de Lleida tras presentar la denuncia.
EUROPA PRESS - Archivo
Sandra Castro, Jordina Freixanet y Elena Ferre, concejalas de Lleida, a la salida de Fiscalía de Lleida tras presentar la denuncia.

El Ministerio Fiscal ha asegurado este jueves en un comunicado que el concepto y el dibujo del caracol que da nombre al club existía "con anterioridad a la relación del denunciado con la Paeria" como jefe de la sección de Infancia.

El fiscal sostiene que "es innegable que haber nombrado al propietario de todos los derechos sobre la marca Club Banyetes en cargos que controlaban directamente el desarrollo del mismo quizás no fuera la mejor opción para los intereses del municipio" pero, a su juicio, no ha sido una estructura vacía que haya permitido el enriquecimiento de determinadas personas.

En este sentido, apunta que el club "ha prestado servicio público y ha conseguido la participación de menores y jóvenes en continuadas actividades".

Para la Fiscalía, el nombramiento de Costa en comisión de servicios como jefe de Infancia de la Paeria en 2005 no es una irregularidad, aunque sí hay irregularidad administrativa en la concesión de la prórroga de la comisión por un tercer año por parte del ayuntamiento, si bien descarta delito "al haber ocupado el cargo indebidamente sólo 30 días".

El Ayuntamiento presentó la denuncia por presuntos delitos de tráfico de influencias para obtener en 2005 un puesto en el consistorio desde donde se gestionó la marca, además de apropiación indebida de la marca y de extorsión o de soborno, y anunció que no renovaría la concesión con la empresa que lo gestionaba.

Por su parte, el PSC, que gobernó el Ayuntamiento de Lleida hasta junio de 2019, ha expresado a través de un comunicado su "satisfacción por la resolución de la Fiscalía y ha señalado que la actuación de las concejalas Jordina Freixanet, Sandra Castro y Elena Ferre supone una "falta de profesionalidad y también una gran irresponsabilidad ".

"Hay que recordar que se procedió a un linchamiento público de una persona y también de un grupo político sin tener ni una sola referencia", señala el PSC.

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