En una nota, la empresa declinó valorar la sentencia hecha pública el pasado día 5 y expresa el "más profundo respeto y consideración" hacia la resolución de la Administración de la Justicia, "pieza angular de nuestro Estado de Derecho", si bien defiende que en la edificación del inmueble se atuvo "al más escrupuloso cumplimiento" de la ordenación vigente aprobada e informada hasta ese momento en materia urbanística, turística y medioambiental.

En una cronología adjunta al comunicado, la mercantil del hotel de 22 plantas y 411 habitaciones asume la argumentación ofrecida desde la Junta de Andalucía para contrarrestar las acusaciones contenidas en los fundamentos de derecho de la sentencia y afirma que lo que el juez Rivera tilda de "burda maniobra" para sustituir la planimetría oficial del parque natural Cabo de Gata-Nijar se debe a que no se "subsanó un error cometido en la publicación de esa cartografía en 1994".

En concreto, la sentencia señala que el Gobierno andaluz cambió los planos Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural Cabo de Gata-Níjar publicados oficialmente en BOJA de 22 de diciembre de 1994 por otra para "orillar la limitación que imponía" y "permitir de esta guisa" la obra en terrenos de especial protección y "no compatibles con el uso urbanístico".

Al hilo de esto, Azata del Sol esgrime que la confrontación entre el proyecto y la aplicación de la Ley de Costas, que generó el expediente de expropiación por invadir el inmueble la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre, proviene de que el Ayuntamiento no adaptó el Plan Parcial publicado en agosto de 1988 --que establecía una distancia de 20 metros-- a la citada normativa con entrada en vigor un mes antes.

Defensa del proyecto

Azata del Sol lamentó, asimismo, en palabras de su portavoz, Antonio Baena, la "crítica situación" en que, a su juicio, ha derivado el fallo para "las muchas empresas y trabajadores que hemos participado en el desarrollo de este proyecto urbanístico" y advierte de que se ha cuestionado "el marco jurídico en que se enmarcaba y confiaba".

Tras expresar que la mercantil "sigue creyendo" en la oportunidad del citado proyecto, "promovido y apoyado por las tres administraciones públicas", según enfatizó, Baena atribuyó al hotel "un fin social de interés general y medioambiental".

Al hilo de esto, recalcó que su puesta en marcha derivaría en la creación de actividad económica y empleo estable en Carboneras para, de este modo --concluyó-- "para evitar el sentimiento de rechazo de las poblaciones incluidas dentro del parque natural de Cabo de Gata hacia las políticas conservacionistas.

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