En estos momentos, según ha destacado Costa, no hay ninguna normativa que regule este tipo de prácticas, por lo que "la policía se tiene que limitar a realizar acciones disuasorias" pero no puede penalizar ni poner multas.
Costa ha añadido que "en la ordenanza se regulan los distintos comportamientos y se clasifican en faltas leves, graves y muy graves", y que cada una tendrá una sanción económica determinada. Por último, la alcaldesa de Vila ha adelantado que la ordenanza que ultiman los servicios jurídicos podría aprobarse en el pleno ordinario del Ayuntamiento del próximo mes de octubre.
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