El concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda, César Díaz, ha presentado hoy a los grupos municipales el citado informe en el marco de esta comisión, previa a la celebración del Pleno ordinario de diciembre, donde el edil ha remarcado que, sin perjuicio de este informe, la directora de Medio Ambiente elaboró y entregó un informe propio al interventor en el marco del Plan de Control Financiero, que también se ha facilitado hoy a los grupos.

Igualmente, ha informado el equipo de Gobierno, se ha dejado constancia en la comisión que el informe jurídico concluye que la condición de responsable del contrato no recae en la directora de Medio Ambiente, sino en el jefe de Servicio de Parques y Jardines.

Díaz ha recordado que se encuentran abiertos una serie de expedientes administrativos derivados del informe de control financiero de la Intervención General y del plan de acción elaborado por la Alcaldía; unos documentos que ya se entregaron a todos los grupos políticos del Ayuntamiento en la anterior comisión de desarrollo sostenible.

El informe jurídico detalla que "desde el estricto plano jurídico, debemos desaconsejar en estos momentos la citada comparecencia, pues el hecho de que este órgano directivo deba adelantar cualquier tipo de consideración o valoración acerca de los hechos podría interferir sobre la marcha de los referidos expedientes administrativos y condicionar su resultado".

Tal y como ha asegurado Díaz, este informe recuerda que la comparecencia de cualquier técnico u órgano directivo en Comisiones de Pleno queda reservada a la decisión discrecional del presidente de dichos órganos.

En orden a la toma de dicha decisión, el informe añade que, sin perjuicio de que existe un derecho indiscutible de los grupos políticos a obtener la información y datos precisos para el desempeño de sus funciones, existen expedientes abiertos "especialmente sensibles" en los que deberá participar la directora general, por lo que resulta "más propicio" aguardar a la finalización de los mismos para no comprometer o interferir en su desarrollo.

"Tales circunstancias nos llevan en estos momentos a desaconsejar dicha comparecencia o el adelanto por parte de este órgano directivo de cualquier valoración o juicio previo en relación con los hechos que se examinan procedimentalmente", concluye el informe.

Además, en la Comisión se ha dado el visto bueno a la aprobación definitiva de una modificación puntual del PGOU para permitir que la residencia de mayores La Pereda tenga la consideración de equipamiento privado, ya que el edificio está recogido en el plan general vigente como de titularidad pública.