En su escrito, lo diputados 'populares' preguntan también por "las circunstancias o normas que han cambiado para que se produjera esa situación", que provocó que el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española decidiera, por unanimidad, emprender acciones legales contra el Ministerio de Justicia.

Desde el PP han recordado que Baleares es "una de las comunidades afectadas por la decisión del Ministerio", que afecta "gravemente" al Ilustre Colegio de Abogados de Baleares y a sus colegiados designados por mandato judicial para dar cumplimiento al derecho a la defensa que consagra la Constitución.