Entiende UPA que el Gobierno regional "comete otra vez el mismo error que con el Decreto-Ley de Medidas Urgentes, elaborando un Decreto-Ley que se centra en el ensañamiento con el sector agrario".

Y es que, ha apuntado el secretario general de UPA-Murcia, Marcos Alarcón, con la excepción de los graves daños ocasionados por las Danas de mediados de septiembre y primeros de diciembre, la meteorología "no ha tenido una especial incidencia negativa en la evolución de las producciones agrícolas, siendo incluso benévola en precipitaciones, en comparación con otros años, con las producciones de las zonas de secano".

Persisten en cambio, a juicio del dirigente de UPA, y resultan especialmente "perjudiciales" para la viabilidad de los agricultores, por su reiteración con las producciones de fruta, "los comportamientos y prácticas comerciales abusivas que continúan caracterizando las relaciones comerciales entre productores y operadores comerciales".

A su juicio, "el abuso de posición de dominio de los operadores comerciales de este sector provoca la inexistencia y la irregularidad de contratos de compra-venta de fruta, lo que se traduce en una actuación especulativa de los operadores, la imposición del modelo de compra a resultas y la demora en los pagos a los agricultores".

Por su parte, las prácticas comerciales de la distribución "provocan colapsos en la salida de la fruta a los mercados, con incidencia negativa en los precios que está teniendo ya sus consecuencias en forma de arranque de plantaciones".

A ello se une "los arranques de viñedo, con la consiguiente reducción de superficie, provocados por los injustificables bajos precios que reciben los viticultores, que este año se han situado en niveles similares a los de 2018, pese a una producción más corta y la práctica ausencia de stocks de vino de calidad".

UPA estima que la superficie de viñedo regional se sitúa ya sensiblemente por debajo de las 20.000 hectáreas y tal disminución de la capacidad productiva "tendrá consecuencias no sólo sobre los ingresos de los productores, sino también una incidencia negativa en el futuro del sector vitivinícola de calidad y el tejido socioeconómico, las expectativas de relevo generacional y la conservación del medio ambiente en amplias zonas desfavorecidas de Murcia".

Melón y sandía son otros de los cultivos "cuya rentabilidad ha salido mal parada en el año que ahora acaba, cuyos precios medios de campaña se han situado por debajo de los costes de producción".

El limón finalizó con precios razonables de ventas la campaña anterior en el primer semestre de 2019, mejores para Verna que para Fino. La campaña 2019-2020 de limón fino arrancó con precios muy ajustados que ya han iniciado su recuperación.

Está siendo, asimismo, una campaña irregular para la producción de uva de mesa, con precios rentables para algunas variedades 'premium' cuya producción "está en manos de un reducido número de empresas, pero sin precio ni movimientos de venta para las producciones de variedades tradicionales".

En cuanto al grupo de hortalizas, puede hablarse de un año de regularidad en los precios de brócoli y coliflor. Por otra parte, la lechuga es un cultivo en el que, gracias sobre todo a la obtención de buenos rendimientos de producción/hectáreas, puede hablarse de recuperación de los costes de los cultivos.

En cuanto a la alcachofa, "la irregularidad en los rendimientos y la afectación a la producción en Campo de Cartagena y Vega Baja de Alicante por las inundaciones, han dado lugar a una campaña con dificultades de calidad y precios bajos".

Finalmente, en cuanto a las producciones agrarias, cabe destacar el mantenimiento en precios rentables para los agricultores de la producción de almendra, especialmente la ecológica.

Por lo que respecta a las producciones ganaderas, la leche de caprino, las aves y el porcino se manifiestan en una línea de precios que cabe calificar de "sostenibles" para los ganaderos, siendo la cruz la carne de vacuno y ovino, la leche de vaca y la producción de conejos.

LAS INCERTIDUMBRES ATENAZAN AL SECTOR AGRARIO

Con respecto al agua, por una parte, si no fuera por las "controvertidas" decisiones adoptadas por la ministra para la Transición Ecológica de "trasvases 0" para regadío en los meses de noviembre de 2018 y 2019 (en Nivel 3) "podríamos hablar de un funcionamiento normal de los trasvases del Tajo al Segura en aplicación de las reglas de explotación de la Ley del Memorándum, pero los anuncios sobre la intención de limitar o suprimir los trasvases no permiten eliminar las incertidumbres sobre buena parte del regadío murciano". Además, denuncian el "incremento" de costes por la utilización de volúmenes procedentes de la desalación.

Con respecto a las ayudas de la PAC a los productores, los agricultores murcianos "ven cómo, un año más, mientras sus colegas del resto de regiones cobraron un anticipo del 70% del pago básico en la segunda quincena de octubre, ellos aún esperan recibir los ingresos de la Comunidad de Murcia".

MAR MENOR

Marcos Alarcón ha hecho referencia a la preocupación por las consecuencias que sobre el sector agrario y, especialmente sobre las explotaciones familiares, puede acarrear la emergencia medioambiental del Mar Menor.

UPA ha reiterado su compromiso para colaborar y apoyar la puesta en marcha de medidas y la ejecución de infraestructuras que permitan minimizar el impacto medioambiental del sector agrario sobre el Mar Menor, a partir de una premisa básica: "ha de ser un proceso justo en el que se garantice que en su tránsito no caigan los más débiles".

Sin embargo, en el momento actual, la percepción de UPA es que el Gobierno regional elabora un Decreto-Ley de Protección Integral del Mar Menor que, "lejos de regular con rigor las actividades excluidas de la vigente Ley de Medidas Urgentes, profundiza en las prohibiciones, exigencias y limitaciones al sector agrario pasando de puntillas por el resto de actividades con impacto medioambiental en el Mar Menor y sumándose así a la moda de responsabilizar a la agricultura y la ganadería como causante exclusivo de los malos medioambientales, incluido el Cambio Climático".

Éstas son las razones por las que UPA manifiesta una profunda preocupación ante la elaboración del Decreto-Ley para la protección integral del Mar Menor y alegan que la interlocución mantenida con el sector agrario "ha sido mínima y deficiente, sin presentar siquiera un texto del borrador sobre el que realizar una valoración".

"Mientras que se nos trasladan medidas y prohibiciones más drásticas para el desarrollo de la agricultura, se nos comenta que para otras actividades habrá moratorias", advierte, para añadir después que "de la deficiente información verbal aportada, se desprende la extensión de medidas a todas las superficies agrícolas, desde la Sierra de Carrascoy hasta la ribera del Mar Menor, sin distinción de secano ni regadío".

Igualmente, se desprende la ausencia de actuaciones e inversiones públicas, del Gobierno regional, en lo que se refiere a la protección del Mar Menor, "haciendo descansar toda la financiación sobre el sector agrario y sin prever indemnizaciones por las nuevas prohibiciones y pérdida de derechos que ocasionaría la futura Ley Integral".

El Gobierno regional "no parece que vaya a realizar aportaciones presupuestarias ni inversiones para la mejora del Mar Menor, parece que todo es cosa de los demás".