La Audiencia de Barcelona juzgará el 5 y 6 de febrero de 2020 a 13 personas que participaron en una acción de los CDR del 23 de febrero de 2018 en la que algunas protestaron encadenándose en la escalinata de entrada al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), han informado este jueves en una rueda de prensa el colectivo 'Encausades TSJC' y Alerta Solidària.

La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel a 11 de los encausados por presuntos desórdenes públicos, y un año de prisión a los otros dos encausados por presuntos delitos de desobediencia y resistencia grave.

El abogado de Alerta Solidària Eduardo Cáliz ha asegurado que las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal "no responden a una cuestión de política criminal, sino a una cuestión de política en mayúsculas: quieren reprimir al movimiento independentista popular".

Ha asegurado que se quiere juzgar a una gente "que ha mostrado su malestar, su compromiso en la lucha contra la aplicación del 155 y el señalamiento de la cúpula judicial" como uno de los elementos que posibilitó la intervención de la autonomía de Catalunya, según él.

Ha añadido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), "en múltiples resoluciones, ha señalado que sentadas, cortes de calles, cortes de carretera, pese a que causan molestias a terceros, forman parte del ejercicio legítimo del derecho de manifestación".

Una portavoz del colectivo de apoyo a los encausados, Judit, ha leído un manifiesto en el que ha recordado que el 23 de febrero de 2018 varias asambleas de los CDR hicieron una acción de protesta consistente en "bloquear la entrada del TSJC haciendo una sentada masiva en las escaleras del tribunal" y ha detallado que eran unas 250 personas, de las que 14 fueron detenidas -entre ellas un menor-.

Ha explicado que la protesta fue contra los procesos judiciales relacionados con el proceso soberanista y ha criticado que "la represión que está sufriendo el independentismo popular cada vez es más evidente y flagrante", por lo que ha considerado que se está criminalizando el derecho a manifestación.

Segunda protesta ante el tribunal

Los organizadores de la rueda de prensa también han recordado que hubo una segunda protesta ante el TSJC el 27 de septiembre de 2018, que repitió la de febrero, y que en este caso no hubo detenciones, pero sí se abrió un proceso administrativo contra diez personas.

La rueda de prensa también ha servido para anunciar el inicio de una campaña de apoyo a los 13 encausados, con acciones como movilizaciones en cada localidad de los acusados y una manifestación más grande en Barcelona.

Al terminar la rueda de prensa, agentes de Mossos d'Esquadra han intentado identificar a las dos personas que han hecho declaraciones alegando que la concentración no había sido comunicada, pero Cáliz ha rechazado identificarse y la portavoz de 'Encausades TSJC' se ha marchado caminando sin identificarse tampoco.

A la rueda de prensa -ubicada en la zona central del Passeig Lluís Companys- han asistido una veintena de personas con carteles y pancartas, además de periodistas, y los organizadores han usado un atril para colocar los micrófonos de los medios de comunicación.

Fuentes de los Mossos han informado a Europa Press de que, de acuerdo con la ley, las manifestaciones se tienen que comunicar a la administración y que, en caso de no ser así, los agentes pueden levantar un acta e identificar a los posibles responsables de la concentración no comunicada.