El Síndic entrega a Educación el documento del pacto con medidas contra la segregación escolar

  • El texto propone limitar el número de alumnos con necesidades especiales.
Rueda de prensa del Síndic de Greuges con Rafael Ribó y la adjunta por los derechos de los infantes, Maria Jesús Larios.
El Síndic de Greuges y la adjunta por los derechos de los niños, Maria Jesús Larios.
ACN
Rueda de prensa del Síndic de Greuges con Rafael Ribó y la adjunta por los derechos de los infantes, Maria Jesús Larios.

El Síndic de Greuges de Catalunya ha entregado este lunes al Departament d'Educació un documento de propuestas en relación al nuevo decreto de admisión del alumnado y a los protocolos de actuación contra la segregación escolar. La junta del Síndic ha indicado este hecho como el "principal problema", ya que comporta desigualdades en el alumnado independientemente del tipo de centro escolar. 

Estos protocolos incluyen, por ejemplo, el uso de la reserva de plazas, la programación de la oferta, la gestión de las cuotas por parte de los centros públicos y concertados y el control de fraudes. El Síndic también entregará el documento al Parlament de Catalunya.

Para acabar con la segregación, el documento propone hacer una previa con el objetivo de detectar a los alumnos con necesidades específicas, ya que creen necesaria una "buena detección" de los diferentes grupos de alumnos. De este modo, y con la ampliación de los criterios, se podrá hacer una "adecuada reserva de plazas para este tipo de alumno". 

Además, de la previsión de la cuota necesaria de plazas para la matricula fuera del termino y la matricula viva en los centros de la zona.

Entre las medidas propuestas por las diferentes entidades que forman el Pacte contra la segregación escolar en Cataluña, destaca la creación de una unidad de detección que se ocupará de coordinar las actuaciones relacionadas con la detención de alumnos con necesidades educativas específicas por parte de los diferentes servicios locales.

Por otra parte, el documento también plantea la propuesta de establecer una proporción máxima por zona, "que cada centro deberá cumplir".

El documento no limita las medidas al reparto del alumnado con más dificultades y propone concebir la escolarización equilibrada de este como la tendencia a la equiparación de la composición social. Este equilibrio no solo hace referencia a los alumnos con necesidades, sino al conjunto de alumnos en función del nivel socioeconómico y educativo familiar. 

En cuanto al financiamiento, el decreto ha de prever y regular las garantías de gratuidad. 

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