Los empleados públicos estaban llamados a secundar el paro y a concentrarse ante las diferentes delegaciones de la Junta de Castilla y León en una protesta más a la que seguirá una huelga general convocada para el 6 de noviembre si antes no hay un acuerdo para la implantación de esta jornada. En Segovia, con motivo de la festividad de San Frutos, la protesta se ha trasladado al próximo lunes, 28 de octubre.

En el caso de Valladolid, cerca de 300 empleados públicos y representantes sindicales se han concentrado en la calle Duque de la Victoria, que ha quedado cortada al tráfico, con la pancarta que han llevado a anteriores movilizaciones con el mensaje "Junta de Castilla y León, cumple tus acuerdos, 35 horas ya", además de otros carteles en los que se podían leer "35 horas más empleo, más calidad, más conciliación".

Los manifestantes, muchos de ellos ataviados con narices rojas de payaso y con banderas de los diferentes sindicatos, han coreado diferentes cánticos como "palabra de Mañueco, palabra de muñeco", "huelga), "menos asesores, más trabajadores" o "no hace gracia este circo".

Representantes de los diferentes sindicatos han advertido de que la Junta de Castilla y León ha "roto totalmente" la confianza, según ha explicado Javier Garrido, de UGT, y no se fían de la propuesta que pueda presentar el Ejecutivo autonómico este lunes, cuando hay convocada otra reunión.

Además, han dudado del concepto que tiene el Gobierno autonómico de empleados de la Administración como los de sanidad y educación, a los que utiliza de "moneda de cambio" en un "juego de niños".

"No nos fiamos, no son gente de palabra, sólo quieren dilatarlo", ha señalado Ana Rosa Carrión, de CCOO, quien ha criticado que se ahora se plantee dejar la implantación de las 35 horas para casi 2021, según la última propuesta de la Junta, que proponía posponer la entrada de esta jornada el 1 de diciembre de 2020 y mantener el próximo verano el horario estival, que es de 35 horas.

Por su parte, la responsable de CSIF en Valladolid, María José San Román, ha advertido de que no pararán hasta que se "cumpla" lo firmado, ya que para "colmo de todos los males" ha afirmado que la Junta pretende llegar a otro acuerdo "por encima del anterior".

En esta línea, ha incidido en que hasta 2012 hubo jornada de 35 horas, llevan casi ocho con 37,5 horas y no se han reducido las listas de espera o se ha prestado una mejor atención al ciudadano. "Ninguna diferencia", ha insistido.

Los responsables sindicales han leído un manifiesto en el que califican la situación de "fraude de una historia interminable con la Junta como protagonista" y han incidido en que el acuerdo se encuentra en la página web corporativa de la Administración autonómica, donde se puede ver que la implantación efectiva de las 35 horas sería a partir el 1 de junio de 2019, por lo que han exigido su puesta en marcha ya.

TODAS LAS PROVINCIAS

En el caso de Ávila, más de un centenar de manifestantes se ha concentrado ante la sede de la Delegación de la Junta y durante más de una hora han mantenido cortado en una de las calles que dan acceso a la plaza de Santa Ana, donde se encuentra la sede provincial de la Administración autonómica.

Por su parte, en Burgos cerca de un centenar de personas se ha concentrado a las 12.30 horas frente a la Delegación por lo que consideran un "flagrante incumplimiento" del Gobierno autonómico al acuerdo para recuperar las 35 horas en el sector público.

La presidenta provincial de CSIF en Burgos, Silvia Cámara, ha criticado la decisión de la Junta de aplazar este acuerdo hasta diciembre de 2020 y ha avanzado que continuarán con las concentraciones para manifestar su profundo rechazo a esta posibilidad de volver a negociar. "El papel de la Junta es el cumplimiento de los acuerdos y nosotros utilizaremos todas las vías de presión que la legalidad permite", ha sentenciado.

La concentración también ha sido numerosa en León, donde se han concentrado unas 300 personas, también ante la Delegación de la Junta, y han advertido de que secundarán la huelga convocada el día 6 si no se atiende a sus reivindicaciones.

En este sentido, Sara Prieto, miembro de Sanidad de CCOO en León, ha reconocido que el pulso que les están echando "lo van a ganar" y ha asegurado que "no van a parar hasta que devuelvan los derechos laborales que han robado".

Por su parte, en Palencia se han concentrado alrededor de 100 funcionarios delante del edificio de la Delegación ubicado en la avenida Casado del Alisal de la capital, la cual ha quedado cortada por las personas allí congregadas, que han escuchado el manifiesto en el que han exigido a la Junta que cumpla el acuerdo de implantar las 35 horas.

CORTES DE CALLES

En Salamanca, medio centenar de personas se ha concentrado a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta, en la calle Príncipe de Vergara, donde ha portado una pancarta pidiendo que se "cumpla con el acuerdo" de restituir las 35 horas semanales, además de numerosas banderas de los sindicatos convocantes de la concentración y del paro de dos horas.

En Soria unas 120 personas se han concentrado y han advertido con responder con sus votos en las próximas elecciones nacionales del 10 de noviembre si no se atienden sus peticiones.

Los representantes sindicales han leído un comunicado conjunto en el que exigen a la administración que "cumpla sus acuerdos firmados" ya que la "dignidad" como empleados públicos "está en juego" y han recordado la huelga convocada.

Alberto Lozano ha señalado que es "una vergüenza" que un acuerdo que "ellos mismos han llevado a cabo no lo cumplan" pero "más aún" que digan que "están dispuestos a negociar porque no hay nada que negocia ya que se negocia antes de firmar un acuerdo".

"El PP y Ciudadanos están demostrando que son anti sistemas ya que no cumplen sus acuerdos y crean incertidumbre jurídica, nadie se va a fiar de la Junta", ha señalado Lozano.

Finalmente, en Zamora medio centenar de empleados públicos se han concentrado frente a la Delegación Territorial, donde incluso han llegado a interrumpir el tráfico que circulaba por la zona. Los responsables sindicales presentes han denunciado el "incumplimiento flagrante" del acuerdo por parte del Gobierno autonómico y han recordado que esta situación afecta a 8.000 personas en la provincia.