La Abogacía del Estado niega que haya delito en la incautación y el rastreo de móviles de periodistas en Mallorca

La Abogacía del Estado ha presentado su escrito de defensa para el juicio por el 'caso Móviles' y rechaza la existencia de delito en la incautación y el rastreo de móviles de periodistas que cubrían el 'caso Cursach' en Mallorca.
El juez que instruía el 'caso Cursach', Miguel Florit (1i), en su llegada a los juzgados para declarar por la incautación y el rastreo de móviles de periodistas que cubrían la macrocausa de corrupción policial
El juez que instruía el 'caso Cursach', Miguel Florit (1i), en su llegada a los juzgados para declarar por la incautación y el rastreo de móviles de periodistas que cubrían la macrocausa de corrupción policial
Isaac Buj - Europa Press - Archivo

La Abogacía está personada en la causa como responsable civil subsidiario, al tratarse el acusado, el magistrado Miguel Florit, de un funcionario público.

En su escrito, la Abogacía rechaza la versión de la acusación particular -la agencia de noticias Europa Press, 'Diario de Mallorca', EFE y los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre- y se posiciona a favor de las conclusiones de la defensa y la Fiscalía.

Así, la Abogacía sostiene que Florit "no ha llevado a cabo la conducta" que se le imputa y cree que no es responsable de ningún acto ilícito desde el punto de vista penal. De este modo, rechaza que el juez incurriera en prevaricación al ordenar obtener el listado de llamadas y posicionamientos de los dos periodistas e incautar sus móviles para investigar el origen de informaciones publicadas sobre el caso Cursach.

Por ello, la Abogacía pide la libre absolución del Estado como responsable civil subsidiario con todos los pronunciamientos favorables.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) notificó en septiembre la apertura del juicio oral contra el magistrado, que se encuentra de baja. Ahora que ya se han presentado todos los escritos, y se ha remitido la documentación a la Sala, sólo queda señalar la fecha para el juicio. Los periodistas piden 42 años de inhabilitación para el juez por prevaricación, vulneración del secreto profesional, delito contra la inviolabilidad del domicilio e interceptación ilegal de comunicaciones.

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