El sindicato de Enfermería Satse-Andalucía lamentó la "pasividad" y el "silencio cómplice" de la Consejería de Salud ante el conflicto de las clínicas Pascual , motivo por el que insistió en la "necesidad" de que la Junta lleve a cabo "una actuación contundente contra los responsables de la empresa José Manuel Pascual si persisten en sus actuaciones discriminatorias con las trabajadoras de sus centros".

En una nota, este sindicato lamentó la "pasividad" con la que está actuando la Administración andaluza "y, en especial, la Consejería de Salud", desde que la empresa "sancionó a las enfermeras y auxiliares que se negaron a usar el uniforme con falda que impone esta empresa".

Consideró "comprensible" la negativa de las trabajadoras a utilizar un uniforme que incluye falda, leotardos, zuecos y cofia, entre otros elementos, "no por indecoroso como ha querido hacerse ver que se denunciaba, sino porque no facilita el normal desarrollo de las labores asistenciales propias de la enfermería".

De igual modo, reiteró que situaciones como la descrita "vulneran" la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, "ya que los trabajadores varones visten pijama sanitario como uniforme mientras que, si esta prenda es vestida por una mujer, se le retiraba el complemento de productividad, generando una clara discriminación por género".

Además, recordó que esta medida ha sido ya objeto de una propuesta de sanción de la Consejería de Empleo y de críticas por parte del Defensor del Pueblo Andaluz y de la ministra de Igualdad "que, sin embargo, no han llegado aún a plasmarse en acciones concretas contra los infractores".

Vulneración de la legalidad vigente

Ante esta situación, reclamó a la "que haga cumplir la legalidad vigente a los responsables de esta empresa sanitaria, cuyos servicios se encuentran concertados con la Administración andaluza". En concreto, Satse detalló que la Junta de Andalucía mantiene conciertos sanitarios con los hospitales de la empresa José Manuel Pascual en Cádiz, Huelva, Málaga y en los municipios gaditanos de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín.

De hecho, este sindicato recordó en su nota que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó en septiembre de 2007 a la Consejería de Salud a renovar el concierto con esta empresa por cuatro años con un importe total de 393 millones de euros.

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