La causa que se abrió contra Antona, por supuestas irregularidades en sus actuaciones al haber derivado presuntamente a pacientes de la lista de espera de la sanidad pública a la privada, con un sobreprecio en el abono de la atención sanitaria, ha sido sobreseída.

En el auto judicial no se considera que las derivaciones sanitarias sean consideradas delitos, si bien no se descartan supuestas irregularidades administrativas.

Tampoco se considera acreditada la relación personal entre Pedro Antona y el empresario médico Santiago Tobal en referencia los sobreprecios de las prótesis aplicadas a los pacientes derivados de la sanidad pública.

Fuentes de la Consejería de Presidencia, han dicho a Efe que los servicios jurídicos del Ejecutivo regional están estudiando el auto del Juzgado para determinar si lo recurre.

Las mismas fuentes han añadido que la Junta dispone de tres días para tomar una decisión y que no se descarta que los servicios jurídicos pretendan agotar el plazo disponible para pronunciarse al respecto.

Pedro Antona que fue apartado de su cargo a raíz de este caso, ha expresado esta mañana a Radio Nacional de España, su "satisfacción" por el auto judicial y ha añadido que la Junta de Castilla y León no le permitió en su día expresar su opinión sobre el asunto, y que sólo pudo hacerlo ante la Fiscalía.

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