La Comisión Europea dice ser consciente de que el cierre de la fábrica papelera de Smurfit en Arroyo de la Encomienda tendría consecuencias negativas para la región, pero recuerda que entre sus poderes no está el de interferir en la toma de decisiones de las empresas.

«No corresponde, a menos que se produzca una infracción del Derecho comunitario», respondieron a una pregunta parlamentaria presentada por la eurodiputada socialista Iratxe García: «¿Puede una empresa líder en el mercado cerrar una planta sin acreditar que con ello no disminuye artificialmente la oferta para mantener los precios altos y a costa de la competencia en el mercado?».

«Incumbe a la empresa fijar sus estrategias y, por tanto, el posible cierre de sus fábricas», matiza la Comisión, que no ve indicios de que Smurfit esté abusando de su posición dominante en el mercado.

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