Ana Navarro se queja de viva voz a este defensor porque, "desde julio del año pasado" – dice - no ha recibido ninguna respuesta, ni de la Generalitat Valenciana, ni del ayuntamiento de Valencia a una solicitud de ayudas económicas y de servicios sociales. Pidió estas subvenciones públicas para su hija, una joven afectada por una discapacidad psíquica severa, acogiéndose a la conocida como ley de la Dependencia, de ámbito estatal, pero gestionada exclusivamente por los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos en toda España.

Ana no sabe "después de tantos meses esperando" – recalca preocupada – sí su petición la tendrá algún día en cuenta el gobierno regional. Teme también que si se le niega este derecho a su hija, "no pueda saber nunca cuáles han sido los motivos, ni las razones" en los que se base la decisión negativa de la Generalitat Valenciana. Quiere saber qué medios legales tiene ahora a su alcance para hacer valer sus derechos, desbloquear la situación y acabar con lo que califica de "inexplicable silencio" de la administración.

Las gestiones llevadas a cabo en Servicios Sociales del ayuntamiento - dependientes de la concejala Marta Torrado - no ha obtenido ninguna respuesta. Han sido varios y repetidos los intentos para conocer las causas de la demora y el silencio administrativo que denuncia Ana. Parecido desinterés ha prevalecido, al intentar conseguir información de asesores o responsables técnicos municipales. En el área de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, bajo la responsabilidad del conseller Juan Cotino, se constata igualmente una falta manifiesta de atención a la petición de información ciudadana.

Un portavoz autorizado de la consellería se escuda en que el teléfono gratuito 900 100 880 responde "a cualquier duda o reclamación sobre las ayudas para personas dependientes". Se ha tenido que insistir hasta diez veces, en una misma mañana, para que al final atienda una voz en el citado servicio telefónico. Señala una operadora que "sólo puede facilitar datos actualizados de los expedientes" como son el nombre del beneficiario de la solicitud de ayudas, fecha de presentación y las tipologías de las discapacidades en detalla con sus valoraciones clínicas. "Pero no podemos informar sobre los siguientes pasos que van a darse, ya que somos una empresa privada, subcontratada por la Generalitat", remata como última excusa la telefonista. Para paliar la falta de información institucional, el sindicato CC.OO ha puesto en marcha otro teléfono 900 102 305. Ahí dicen que "como el caso de la hija de Ana, hay miles en la Comunidad Valenciana".

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA:

Concejalía de Servicios Sociales: Suspenso

Consellería de Bienestar Social: Suspenso

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