La denominada "Pasarela" tenía su sede en Segovia con ramificaciones en Murcia, Navarra, Alicante, Ávila, Salamanca, Zamora, Palencia y Madrid.

Las investigaciones se iniciaron en diciembre de 2007, cuando se detectaron los contratos irregulares que realizaban algunos empresarios de la construcción a inmigrantes que, una vez en España, no llevaban a cabo la función laboral para la que supuestamente se les había contratado.

Se averiguó que un empresario español, otro ecuatoriano y otro marroquí con residencia en Segovia, estaban obteniendo importantes beneficios facilitando los contratos a personas principalmente de origen marroquí, aunque también se han detectado trabajadores búlgaros, colombianos y ecuatorianos.

Los empresarios detenidos captaban al trabajador en su país de origen a través de intermediarios y le pedían una cantidad de dinero que rondaba entre los 6.000 y los 10.000 euros, para su regularización y posterior contratación con su empresa.

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