La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial juzgará hoy a siete hombres y una mujer como presuntos integrantes de una red de narcotraficantes que introducían droga, fundamentalmente cocaína, en la ciudad de Cádiz.

Según el Ministerio Público, las investigaciones comenzaron el 4 de octubre de 2005, cuando la Policía Judicial obtuvo la correspondiente autorización judicial para la observación y escucha del teléfono móvil de J. G. R., quien presuntamente se ocupaba junto a su mujer, E. C. F. C., de la adquisición de la sustancia y su posterior distribución.

Para proveerse de cocaína contaban con el suministro del grupo familiar dedicado al tráfico de estupefacientes a nivel medio encabezado por M. F. M. N., que utilizaba una nave ubicada en el kilómetro 3 de la carretera de el Portal, en El Puerto de Santa María, denominada Pescadores Doña Blanca, para enmascarar la actividad ilícita, utilizando estas instalaciones como almacén.

Las escuchas pudieron determinar que los contactos se llevaban a cabo en Jerez, en la esquina de las calles Mallorca y Medina Sidonia, en la parte trasera de la estación de servicio BP.

Aprovisionamiento de grandes cantidades desde Madrid

De esta manera, también se pudo conocer a finales de noviembre de 2005, que M. F. M. N. había entrado en contacto con un individuo de origen sudamericano y radicado en Madrid, V. H. E. S., con el cual se concretó el abastecimiento de una relevante cantidad de cocaína, sobre dos kilos y medio, que éste mismo transportaría por carretera desde la capital de España.

La Policía dejó que llegara la droga a la nave Pescadores Doña Blanca y que se concertara una nueva transacción con la pareja formada por J. G. R. y E. C. F.C. Pero cuando dicha transacción se estaba concretando aparecieron los agentes y comenzaron las detenciones.

Para registrar la nave de Pescadores Doña Blanca fue necesario derribar la puerta ante la negativa de quienes estaban en su interior a abrir el dispositivo automático, que fueron todos detenidos posteriormente tras intentar darse a la fuga.

El fiscal pide para los acusados, a los que imputa un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancia que causa grave daño a salud, en algunos casos en cantidad de notoria importancia, penas que van desde los seis a los doce años de prisión.

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