Según se desprende del informe anual de la Fiscalía de Medio Ambiente, al que ha tenido acceso 20minutos.es, en total se formularon 220 denuncias ante los órganos jurisdiccionales competentes, mientras que se archivaron 95 casos y han quedado en tramitación otros 70.

Continúa el informe de la fiscal de Medio Ambiente que la mayor parte de las denuncias se refieren a supuestos de construcciones ilegales, muchos de ellos acompañados de delitos desobediencia a la autoridad por no acatar las órdenes de paralización, y realizados tanto en suelo no urbanizable genérico como en suelos protegidos.

En 2007 aumentaron también las investigaciones por presuntos delitos de prevaricación urbanística y se detectó un repunte en la detección de conductas falsarias por parte de algunos arquitectos, arquitectos técnicos y peritos industriales a fin de lograr torticeramente la formalización de escrituras.

Por eso la Fiscalía entiende que sería deseable un mayor rigor en el régimen de incompatibilidades a fin de evitar que arquitectos y arquitectos técnicos que prestan sus servicios en las corporaciones locales puedan desempeñar funciones en empresas promotoras o constructoras de otras localidades.

Relajación de los ayuntamientos en la vigilancia

El Ministerio Público también da un tirón de orejas a los ayuntamientos. Afirma que la actuación de a quienes corresponde velar por la disciplina urbanística no tiene lugar en la forma que sería deseable. Y ello no sólo por la inaplicación generalizada de la demolición de construcciones, como medida de reposición de la realidad física alterada y disuasoria de posibles comportamientos infractores, sino por lo que puede calificarse de una "palmaria dejación" en cuanto al ejercicio de las facultades de reinspección previas a la sanción y restablecimiento de la legalidad.

Para más inri, la fiscal asegura que las rebajas de penas y la escasa cuantía de las multas que se imponen podía estar dando lugar a que los infractores computen la condena, que en ningún caso implicará el ingreso en prisión, como un gasto más del a edificación ilegal.

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