El Defensor del Pueblo advierte en su Informe de 2007 que el marco normativo de la Comunitat Valenciana en materia urbanística puede "introducir
novedades que desvanezcan la plena
asunción de la responsabilidad que incumbe a los poderes públicos en el desarrollo armónico del territorio".
En el documento, el Defensor del Pueblo recalca que en España la "ejecución del
planeamiento urbanístico adolece de serios problemas relacionados con la complejidad de la
gestión administrativa y con las dificultades para llevar a efecto las previsiones del instrumento en cuestión, especialmente cuando se acude al sistema de compensación".
El informe subraya asimismo que "a esto se añade, como en el caso de la
Comunitat Valenciana, que el marco normativo de la Comunitat Valenciana en materia urbanística puede introducir novedades que desvanezcan la plena asunción de la
responsabilidad que incumbe a los poderes públicos en el desarrollo armónico del territorio".
En este sentido, y dentro del capítulo dedicado al Medio Ambiente Urbanismo y Vivienda, el informe refleja que buena parte de las
quejas recibidas en materia medioambiental durante 2007 versaron sobre las deficiencias en la oferta de información ambiental y en la ausencia o falta de consideración de las evaluaciones de impacto ambiental vinculadas a los proyectos de
infraestructura.
Sobre este punto, el Defensor del Pueblo recuerda que viene insistiendo en los últimos años en que "resulta necesario que la
legislación aborde un régimen de cumplimiento más estricto de los preceptos que establecen el requisito de evaluación ambiental previa, de forma que se puedan evitar aquellos comportamientos administrativos que soslayan o prescinden del
principio de protección del medio ambiente".
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