Los 400 trabajadores de Lingotes Especiales ya no tienen motivos para estar preocupados.
Un juzgado de Valladolid ordenó el cierre de la fábrica al no contar con la licencia ambiental, pero ahora el juez ha confirmado que funciona de forma legal porque la Consejería de Medio Ambiente le concedió este permiso en diciembre de 2007.
Un auto judicial del 29 de enero de este año dio al Ayuntamiento 20 días de plazo para clausurar la actividad de la fábrica, mientras la empresa titular de las instalaciones no obtuviera la autorización precisa para lograr su actividad.
Sin embargo, este permiso ya lo había logrado un mes antes de la Consejería.
Licencia para fundición
En concreto, Lingotes Especiales ha obtenido autorización ambiental para ejercer la actividad de fundición de metales ferrosos en su fábrica del término municipal de Valladolid.
El Ayuntamiento aseguró ayer que además, según la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, es la Consejería de Medio Ambiente la competente para conceder este tipo de autorizaciones, y no los ayuntamientos, como se había indicado a lo largo de todo el proceso.
En Valladolid hay otras 115 empresas en una situación similar a a la que sufría Lingotes Especiales, que debía adaptarse a una normativa europea y contar con autorización ambiental y licencia de actividad.
Sin embargo, el plazo para lograr estos permisos acabó en mayo, y según Ecologistas en Acción sólo cuatro empresas de la capital cumplían con los dos requisitos. Las compañías a parte de ser obligadas a cerrar podrían ser multadas con 2 millones de euros.
DEMASIADA EMISIÓN DE PARTÍCULAS
Ecologistas en Acción asegura que los límites establecidos de emisión de partículas al aire por parte de Lingotes Especiales son 20 veces superiores a los que se producirían aplicando otro tipo de técnicas que España ha apoyado mediante convenios internacionales.
Además, asegura que la autorización ambiental no garantiza la medición y reducción de las emisiones de metales pesados, sustancias orgánicas tóxicas y ruido.
La organización también ha hecho referencia durante los meses que ha durado el proceso judicial a las denuncias presentadas por distintas asociaciones de vecinos de La Victoria, Puente Jardín, Fuente Berrocal, Parva de la Ría y Fuente por la contaminación en la zona.
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