El problema es que "llueve sobre mojado", señaló el magistrado, ya que esos 900 nuevos procedimientos conllevan la celebración de 300 juicios más y la ejecución de 300 sentencias, pero la reforma no está acompañada de los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para llevarlos a cabo.

Los juzgados tienen ahora aún más trabajo porque el aumento de casos, fruto de "criminalizar conductas que antes eran sanciones administrativas", no se ve compensado con la creación de nuevos juzgados ni con refuerzos en la plantilla ni con la informatización del sistema.

Regadera afirma que la Generalitat tiene la voluntad de mejorar la administración de justicia y que se esfuerza en informatizar los juzgados, pero señaló que "es tal el atraso que el proceso no puede ser rápido". Además, el Govern no tiene los recursos económicos suficientes.

Explicó que en otros países de la Unión Europea se destina el 3 por ciento del PIB a la justicia, pero en España sólo se dedica un 1 por ciento. Puntualizó que no se trata que la justicia no funcione. "Tenemos la justicia que pagamos, y pagamos poco", opinó.

Además, "la Generalitat debe contar más con los jueces" a la hora de construir nuevas sedes del sector, como la Ciudad de la Justicia de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que entró en funcionamiento a principios de año.

Las denuncias presentadas por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas descendieron un 67 por ciento en 2007, señal de que la gente tiene "más cuidado a la hora de coger el coche", agregó Regadera.

También descendieron un 2 por ciento las denuncias presentadas por delitos contra la seguridad del tráfico, según la memoria anual del Decanato de Jueces de Barcelona.

El magistrado atribuye el descenso al carné por puntos y a la función pedagógica y de sensibilización de las imágenes de accidentes de circulación provocados por el alcohol que aparecen en los medios de comunicación