Los hechos se destaparon gracias a las declaraciones del psiquiatra Jaime Cañellas Galindo, que trabajó para los demandados. "El supuesto más utilizado en España para abortar es el que pretende preservar la salud psíquica de la embarazada "se ha convertido en el "gran coladero de la ley".

Acogiéndose a este precepto, que requiere una valoración previa de un psiquiatra, las interrupciones voluntarias de embarazo se "realizan con total impunidad casi en cualquier semana de gestación".

16 euros por informe

Muchos de estos informes psicológicos casi nunca se llevan a cabo o se convierten en un mero trámite. Los psiquiatras cobran por informe realizado y como ya quedó patente los dictámenes "estaban ya firmados y datados con el nombre de la mujer en blanco".

El testimonio del psiquiatra confirmó lo que se sospechaba. Cañellas colaboró con la Clínica Aragón entre diciembre de 2004 y agosto de 2005. El centro le pagaba 16 euros por informe positivo. Aseguró que "constantemente presionado para que no pusiera trabas a los abortos y tuviera manga ancha".

Además dijo que alguien falsificó su firma para dar vía libre a abortos sin su consentimiento.