Tres de los 180 trabajadores de colaboración social del Ayuntamiento de Oviedo han decidido llevar a juicio al Consistorio para conseguir un puesto fijo como personal laboral.

Serán los primeros en España en reclamar, por vía judicial, que se reconozca como tal su puesto de trabajo.

Los contratos de colaboración social son una fórmula de los años 80 que obliga a los parados a trabajar temporalmente para alguna de las Administraciones públicas.

El INEM cotiza por ellos y les paga el paro. En cuanto al sueldo, tienen garantizado el salario mínimo. Pero les faltan algunas prestaciones sociales como la baja incapacidad y las ayudas a madres trabajadoras, además de la dificultad para acceder a una pensión de jubilación.

En 2007 se firmaron en España 4.696 contratos de este tipo.

Según CCOO, en el Consistorio ovetense trabajan unos 180 en régimen de colaboración social y suponen el 16% de la plantilla (1.110 trabajadores).

Los contratos son de 6 meses. Sin embargo, en el Ayuntamiento, hay trabajadores como Gerardo Suárez o Sixto Álvarez -dos demandantes- que llevan 10 años como colaboradores sociales.

«Nos aseguran el puesto hasta la jubilación. Es como un trabajo fijo, pero cobrando menos y sin prestaciones sociales», dice Sixto Álvarez.

Según Gerardo Suárez, su objetivo es derogar el Real Decreto de 1982 que regula la colaboración social y, dice, «está completamente obsoleto».

Testimonio: Sixto Álvarez.

Ordenanza, 62 años. «Hago lo que un funcionario»

«Trabajo en un Centro Social desde 1998. Me turno con un compañero, funcionario. Hacemos las mismas tareas y las mismas horas. Pero no tengo la misma situación laboral ni el mismo salario. No me atrevo ni a comparar. Entre los colaboradores sociales hay muchas diferencias, cobramos lo mismo que en nuestro último trabajo y los sueldos van de 600 a 2.000 euros. Me preocupa la pensión que me quedará al jubilarme».

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