La concejala de Bienestar Social y Derechos de Gijón, Natalia González, se ha comprometido este martes a poner a disposición de los afectados de los desahucios en el poblado de Mina La Camocha todos los recursos disponibles, desde viviendas de emergencia a asesoramiento jurídico o soluciones habitacionales de urgencia hasta que se valore si pueden acogerse a otras ayudas.

González, en respuesta a un ruego de Podemos-Equo, ha recordado que en julio de 2018 hubo una reunión de personal de la Empresa Municipal de Vivienda (Emvisa) y personal del programa de inclusión para valorar situación de estas personas. En aquella reunión, solo había un caso conocido, según la concejala.

Por este motivo, se pusieron en contacto con la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) que hacía de intermediaria para ofrecer información de las personas afectadas y tratar de dar una solución habitacional si era necesario, pero no recibieron información.

Sobre el ruego, la portavoz de Podemos-Equo, Yolanda Huergo, ha incidido en que hay más de

30 familias afectadas, por lo que urge implicar al Principado en las posibles soluciones y para poner a disposición de estas todos sus recursos técnicos-jurídicos también, al margen de que el Ayuntamiento haga lo propio. "Una situación excepcional, requiere medidas excepcionales",

ha incidido.

El ruego de Podemos-Equo incluía instar al Gobierno regional a hacer gestiones para todas las vías posibles para adquirir las viviendas afectadas a precios adecuados y no superiores a los del mercado para ceder luego estas a las familias afectadas a través de un alquiler social o la venta.

DISOLUCIÓN DE DIVERTIA

La concejala de Hacienda, Marina Pineda, por su lado, ha rechazado en el Pleno Municipal el ruego de Foro de hacer un estudio sobre las implicaciones económicas para el Ayuntamiento de la disolución de Divertia, como pueda ser la repercusión sobre el personal.

Para Pineda, Divertia fue una "máquina de propaganda de Foro, dispensadora de favores". "No tenemos ninguna intención de privatizar, todo lo contrario", ha recalcado respecto a la disolución de Divertia, que en su día Foro fusionó con base a tres empresas públicas -Sociedad Mixta de Turismo, Teatro Jovellanos y Jardín Botánico Atlántico-.

Pineda ha matizado que no es que no se vaya a hacer este estudio, sino que no en los términos que plantea Foro, ya que no van a delegar en los técnicos municipales una responsabilidad del Gobierno local. La concejala ha puesto en duda, también, que con Foro se hiciera la mejor programación de los últimos años, tal como había defendido el portavoz 'forista', Jesús Martínez Salvador.

La concejala socialista, ha adelantado que dedicarán todo el tiempo necesario y hablarán con los colectivos y agentes implicados para adoptar la mejor decisión.

PLUSVALÍA

Por su lado, la concejala de Hacienda, Marina Pineda, en respuesta al PP, ha explicado que se han presentado un total de 651 recursos de reposición contra el pago de la plusvalía, que no fueron contestados positivamente casi nunca. A esto ha sumado 148 reclamaciones en vía contencioso-administrativa.

Ha incidido en que

sobre 5.086 liquidaciones, solo se ha recurrido en un 12 por ciento, aunque desconocen la cantidad total que supondría. De las 148 reclamaciones en vía judicial, se han resuelto 54, y en menos del 30 por ciento de estas estiman las pretensiones del contribuyente, solo en 16 casos.

Pineda ha recalcado que se paran aquellos pagos en los que hay dudas sobre si hubo o no incremento patrimonial, a lo que ha incidido en que será difícil tomar decisiones hasta que haya una nueva ley o el Catastro arroje luz sobre cómo actuar.

También en el turno de preguntas, en contestación a Foro, el concejal de Actividad Física y Deporte, José Ramón Tuero, ha cifrado en más de 4,2 millones de euros el dinero necesario para el plan de mantenimiento y conservación de instalaciones deportivas que va a poner en marcha el Gobierno local. Eso sí, ha avanzado que habrá obras que no se puedan hacer en cuatro años.

PLAN INTEGRAL DE ALZEIMER

El Pleno ha aprobado, asimismo, por unanimidad, una Declaración Institucional a favor de instar al Gobierno central a la elaboración y puesta en marcha de un Plan Integral de Alzheimer 2019-2022, en coordinación con las administraciones y autonómicas y locales.

En el escrito, se recalca que, según datos de 2018, esta patología afecta a unos 37.000 pacientes y a 150.000 familiares, a lo que suman la existencia de otras patologías como el deterioro cognitivo leve, que puede evolucionar o no a la demencia, "en auge entre las personas mayores de 70 años".