Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, la operación se ha desarrollado junto con el Servicio de Empleo Público Estatal en Granada y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Granada, en base a un convenio de colaboración existente entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Se ha tratado de un operativo contra el fraude a las prestaciones de cobro indebidas mediante la comunicación de altas y bajas en el sistema de la Seguridad Social, sin cotización alguna. Por el momento, han sido investigadas un total de 27 personas de las cuales 22 han sido detenidas en Granada, Motril, Almendralejo, Málaga y Sevilla, no descartándose nuevas detenciones de residentes en otras provincias o comunidades autónomas.

La operación la iniciaron agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de Granada en el mes de julio del presente, tras ser ordenada por

el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada en virtud de una denuncia presentada por la Fiscalía Provincial, en base a un informe técnico elaborado por la Unidad Especializada de la Seguridad Social y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Granada.

En un primer momento las pesquisas se centraron en Granada donde han sido detenidas 22 personas entre ellas el empresario autónomo y 21 de los supuestos trabajadores que habrían sido dados de alta de forma ficticia.

Posteriormente abarcó otros municipios y provincias como Motril, donde ha sido investigado otro supuesto trabajador de la trama investigada, Almendralejo, Málaga y Sevilla, no descartándose nuevas detenciones o investigaciones contra otras cuatro personas que residen en otras provincias o comunidades autónomas.

Las prestaciones fraudulentamente obtenidas afectaban al desempleo, prestación contributiva, maternidad, incapacidad temporal y Plan Prepara. Según se desprende de la investigación, los denunciados habrían simulado una relación laboral inexistente con la "finalidad de obtener prestaciones por desempleo o de otra índole".

Se estima que, tras la comisión de estos ilícitos penales, el fraude total relativo al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social ascendería a unos 400.000 euros.