El proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, más conocida como ley de acompañamiento, abre la puerta a la posibilidad de prestar el servicio de taxi con tarifas pactadas previamente entre usuarios y conductores, mediante el uso de aplicaciones móviles, así como al acceso a medios de transporte público con bicicletas y vehículos de movilidad personal (patinetes eléctricos, monopatines y monociclos, entre otros) plegados.

Así lo ha anunciado el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, que ha presentado el proyecto de ley de acompañamiento 2020 tras la reunión extraordinaria del pleno del Consell celebrada este lunes. Según ha destacado, en esta ocasión se modifican 32 leyes, un decreto ley y un decreto. De ellos, seis responsen a razones organizativas.

El texto será enviado al Consell Jurídic Consultiu y el Comité Económico y Social para que realicen sus respectivos informes. Preguntado por qué pasaría con esta ley de acompañamiento si al final el Consell opta por prorrogar los presupuestos de 2019, el conseller ha explicado que pasaría a tramitarse en Corts como una ley ordinaria.

Tras remarcar que el objetivo principal de estas modificaciones legales es "hacer realidad la política de impulso económico, derechos sociales y decencia cívica" iniciada por el Consell del Botànic, por lo que se incluyen medidas de apuesta por la vivienda social, para participación social en el ámbito tributario y actuaciones sectoriales en agricultura, servicios y movilidad sostenible.

En materia de vivienda social, la ley incluye cuatro medidas, la primera de las cuales se centra en simplificar los requisitos para acceder a las ayudas al pago del alquiler por razones sociales, humanitarias y de carácter público, acreditadas con informe favorable de los servicios públicos.

Hasta ahora era complicado que personas en situación de vulnerabilidad pudieran ser beneficiarios, ya que tenían que estar al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias. Ahora el objetivo es que las personas que necesiten una vivienda urgentemente y no lo estén puedan también acceder a ellas.

Asimismo, contempla medidas para incrementar el parque público de vivienda para incorporar con carácter inmediato inmuebles residenciales a través de la compraventa, arrendamiento o convenios con entidades privadas. Se facilitará a los titulares de contratos de compraventa de viviendas de promoción pública de la Generalitat la posibilidad de resolver la relación jurídica existente con la administración, siempre teniendo en cuenta el precio máximo de la venta legalmente establecido para las viviendas.

Se modifica también la normativa de manera que ya no será obligatorio para el beneficiario el seguro contra incendios en viviendas de promoción pública, del que se hará cargo la Generalitat.

También se modifica la Ley para la Función Social de la Vivienda en lo que respecta al alquiler solidario para movilizar la vivienda vacía de las personas físicas que necesite ser rehabilitada. Por una parte se cambia el plazo de cesión del particular a la Generalitat de los seis años actuales a ocho para adecuarlo a la duración del contrato de alquiler que figura en la modificación actual de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Por otra, se incluye la posibilidad de que, en caso de que el precio de la rehabilitación a realizar por la Generalitat sea inferior al precio del alquiler de mercado de este periodo de ocho años, se permita también compensar económicamente al particular.

IGUALDAD

Asimismo, se modifica la Ley para la Igualdad entre mujeres y hombres para ampliar la función del cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación en la publicidad de los medios de comunicación social de titularidad pública a todos los medios de comunicación social o cualquier otro medio de difusión.

Se incorpora también el impulso por parte del Consell para desagregar los datos por sexos en todas las estadísticas e investigaciones que se lleven a cabo en la Comunitat, y se cambia la denominación del Consell Valencià de la Dona por Consell Valencià de les Dones para recoger un concepto más plural e inclusivo.

OBSERVATORIO FISCAL Y AUDITORÍAS

En cuanto a las medidas en materia tributaria, se contempla la creación del Observatorio Fiscal para dar entrada a la sociedad civil en la gestión de la Agencia Tributaria Valenciana.

Además, incluye como novedad la obligación de que las fundaciones cuenten con un auditor interno, tal y como ocurre con el resto del sector público de la Generalitat. Hasta ahora solo era obligatoria la presencia del auditor en las entidades del sector público empresarial, pero no en el fundacional.

MOVILIDAD, HUERTA Y PIP

Por otra parte, la ley de acompañamiento incluye la modificación normativa para hacer posible la prestación del servicio del taxi mediante tarifas pactadas previamente entre usuarios y conductores, establecidas reglamentariamente. Según ha indicado el conseller, esta medida atiende las reivindicaciones del sector del taxi, de los usuarios y se aplicará mediante aplicaciones para smartphones.

"Se trata de intentar que cada vez haya mejor competencia, provechosa, buena para el usuario y hacer más competitivo el sector", ha precisado Soler.

Asimismo, se permitirá el acceso a medios de transporte público con bicicletas y vehículos de movilidad personal, que se podrán subir plegados al piso bajo, sin más limitaciones que las derivadas de la seguridad o de los momentos de ocupación muy alta. Se deberán seguir las indicaciones concretas de los operadores para "perturbar lo minimo posible al resto de viajeros". El objetivo es hacer más fácil su uso y luchar así contra el cambio climático.

El proyecto de ley contempla la ampliación del plazo para solicitar la protección de áreas de la huerta de València degradadas. Los ayuntamientos dispondrán ahora de 5 años (a partir de la aprobación del PAT de l'Horta) para solicitar que esos espacios degradados pasen a ser declarados 'Enclaves de recuperación de huerta'.

También se amplía el Plan de Inversiones productivas (PIP) hasta diciembre de 2021 para garantizar que los proyectos de los ayuntamientos se puedan ejecutar. Soler ha recordado que se trata del "famoso Plan Camps", en el marco del que muchos ayuntamientos se encontraron en 2015 proyectos "increíbles" que fueron redefinidos y ahora "sería una injusticia que algunos se quedaran descolgados.

TASAS Y SUBIDA DE SUELDOS

Preguntado sobre si la ley contempla alguna subida de tasas destacable, Vicent Soler ha explicado que básicamente se trata de un aumento en relación al IPC. Respecto a si establece subida de sueldos, ha indicado que sí, concretamente a tres funcionarios: la interventora general de la Generalitat y el director general de Intervención y la Abogada de la Generalitat.

Ha remarcado que se trata de puestos que la ley exija sean ocupados y lo que se pretende es que por acceder a un cargo público no pierdan dinero. "Son tres personas de primer nivel, la gente no debe estar en política para ganar dinero, pero tampoco debe ser un sacrificio para la familia", ha dicho, destacando que "no se premia a nadie, lo que se hace es no castigar a nadie".