La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa ha ordenado la suspensión cautelar y temporal de los trabajos de profundización de la corta de la mina Las Cruces, considerada la mayor a cielo abierto de Europa y propiedad de Cobre La Cruces (filial de la multinacional canadiense Inmet Mining).

El anuncio lo realizó hoy el consejero de Innovación, Francisco Vallejo, en el Parlamento andaluz, en respuesta a una pregunta de José Manuel Sánchez Gordillo, diputado de IULV-CA.

La medida llega después de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG ) detectara una serie de "disfunciones" que el pasado martes culminaron con la suspensión de la autorización del sistema de drenaje-inyección.

Para retomar los trabajos, la empresa tendrá que adoptar medidas que garanticen las premisas de la autorización original, respetando un acuífero que los ecologistas aseguran que es «la principal reserva de agua del área metropolitana de Sevilla para casos de sequía y que fue fundamental para aliviar la falta de agua embalsada en el periodo 1992-95».

la Junta ha ordenado a Cobre Las Cruces que preserve la seguridad de las personas, la integridad de la superficie de explotación, la conservación del recurso y la protección del medio ambiente.

"Terrorismo"

Sánchez Gordillo calificó de "terrorismo ecológico" las prácticas de esta empresas y advirtió a Vallejo que el "que no lo evita es cómplice". En este sentido, señaló que este proyecto es una "bomba de relojería" en el entorno del Guadalquivir y cerca de Doñana.

Por su parte, Ecologistas en Acción se muestra satisfechos «a pesar de que aspiramos a que sea una medida definitiva porque desde hace años hay informes técnicos que desaconsejan esta mina».

Así, recuerda que «dos años antes del desastre de Aznalcóllar, los informes ya anunciaban la rotura de la balsa. Si se retoman las obras, volveremos a sufrir otro gran desastre medioambiental».

Del mismo modo, pide a Junta y CHG que cualquier decisión que adopten en el futuro sobre esta explotación la tomen "en función de los informes técnicos y no de los criterios políticos".

En Greenpeace son igual de contundentes: «Esta empresa viene demostrando que no le importa el medio ambiente, sólo la explotación salvaje de la mina. Es ilógico que se acepte una explotación así río arriba, teniendo en cuenta que río abajo hay arrozales y un Parque Nacional».

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