Así lo ha puesto de manifiesto Ángel Ruiz, uno de los organizadores de estas acciones, que ha agradecido el clima de diálogo en este encuentro, que ha durado unas dos horas.

De este modo, ha comparado "la desastrosa" gestión del anterior gobierno regional con la disposición de la nueva administración autonómica para abordar "lo que se gestionó mal o no se gestionó".

Además, Ruiz ha señalado que Burgos le ha trasladado que llevará sus inquietudes a la vicepresidencia de la Junta para buscar "una vía y poder atajar todo lo incorrecto o que no se hizo" por parte del anterior gobierno.

Ante esto, los afectados han querido darle "un margen de confianza" al nuevo gobierno, desde el cual se han comprometido a que cuando tengan algún aspecto concreto ponerse en contacto con el colectivo. "Esperamos que encuentren una vía para ayudar a los damnificados, al menos, a los casos más graves y solucionar lo que desde el primer día el anterior gobierno gestionó mal o no gestionó", ha zanjado.

Este colectivo este lunes se concentró a las puertas del juzgado de Moguer para pedir más medios para que avance la causa judicial abierta tras el incendio, así como demandan a las administraciones ayudas para paliar los daños que les supuso este importante incendio.

SITUACIÓN EN LOS JUZGADOS

Por su parte, varios perjudicados han presentado un recurso ante el rechazo por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Moguer de su petición para la inclusión en la causa de la Junta de Andalucía como responsable civil subsidiaria en el siniestro.

Según ha informado a Europa Press Pablo Gastalver del bufete Fernando Osuna, el letrado de 34 perjudicados -casi todos afectados del camping Doñana-, la Audiencia tiene previsto pronunciarse sobre este recurso entre el 21 y 25 de octubre.

Este recurso fue interpuesto al entender estos perjudicados que la Junta debe ser incluida como responsable civil subsidiaria en esta causa, en la que están imputados tres responsables de una carbonería, a la que se señala como origen del fuego, al considerar que "el escaso mantenimiento del monte agravó las circunstancias del incendio".

En aquellas fechas, el juzgado desestimó esta solicitud al considerar que no procedía, ya que la responsabilidad civil debe ser contra personas concretas y no contra administraciones o instituciones.