El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, ha presentado su dimisión tras conocer la reapertura de la causa sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, según ha anunciado la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.

En una comparecencia en Algeciras, donde se ha reunido con empresarios para tratar las consecuencias del Brexit y anunciar la autorización de un recinto fiscal en el Campo de Gibraltar, Montero ha dicho sobre Fernández que "en cuanto ha tenido conocimiento del auto ha puesto su cargo a disposición del Gobierno" y que la dimisión se "materializará en el próximo Consejo de Ministros". Aunque la ministra no se ha pronunciado sobre la causa y ha indicado que dejarán "que la Justicia actúe", ha recordado que se trata de "un caso que se ha cerrado ya en dos ocasiones".

La Audiencia de Sevilla ha reabierto la causa sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar y ha ordenado que declaren tres investigados, entre ellos Vicente Fernández.

Según han indicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Sección Séptima ha estimado el recurso de apelación formulado por la otra empresa que se presentó al concurso, Emerita Resources, contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que a principios de marzo archivó la denuncia penal sobre la adjudicación de la explotación de la mina a la agrupación empresarial México Minorbis.

La instructora decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de la denuncia de Emerita Resources contra la Junta por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude en la resolución del concurso público para adjudicar la explotación de Aznalcóllar al considerar que "los elementos objeto de controversia son cuestiones puramente administrativas".

Entre otras razones, la Sala llega a esta conclusión tras estudiar los correos electrónicos entre Fernández y los representantes de Magtel que aparecen en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los empresarios Isidro y Mario López Magdaleno.

Por ello, la Sección Séptima pide a la Junta que informe a la UCO de los cargos que ostentaban los miembros de la Mesa de Contratación y la Comisión Técnica tres meses antes de comenzar el procedimiento de licitación y los puestos que desempeñaron después y añade que es "aconsejable" que se haga lo mismo con Fernández.

El tribunal, que ya revocó el sobreseimiento provisional el 19 de octubre de 2016, considera "claro" que Minorbis y México se presentaron juntas al concurso el 15 de diciembre de 2014 y que la primera de ellas "no cumplió con los requisitos relativos a la acreditación de su personalidad jurídica y capacidad de obrar" para pasar a la segunda fase.

"Resultaba necesario (...) que se hubiese producido una decisión por parte de la Mesa de Contratación expulsando o apartando a Grupo México del concurso. Sin embargo, esta decisión nunca se produjo", recuerda la Sala.

La ponente señala que la Administración, con una actuación "llamativamente ambigua", dio "cobertura" a la adjudicación a una entidad "controlada prácticamente en su totalidad por una sociedad que debió ser apartada del concurso", ya que "tuvo cabal conocimiento desde el comienzo, a través del Memorándum de Entendimiento, de lo que ocurriría si Minorbis era la ganadora del concurso".

En cuanto a la solvencia de Minorbis, el tribunal afirma que "en modo alguno demostró que disponía de los medios económicos y financieros necesarios" y recuerda que se creó el 19 de marzo de 2014, "menos de un mes antes" de su solicitud de participar en el concurso y "sin ninguna experiencia en la actividad de la minería".

"Frente a la nula experiencia de Minorbis, Emérita acreditó hasta cinco permisos de investigación en diferentes zonas mineras", agrega.

La Sala continúa recordando que la adjudicación fue aceptada por la entidad Minera Los Frailes y denuncia "la patente ilegalidad y la grosera y burda ilegalidad" de que en esa sociedad "tendría una minúscula participación Minorbis", ya que "pertenecería prácticamente en su totalidad a una entidad que debió ser excluida", en alusión a México.

En este sentido, reitera que la Junta, al "mantener intencionadamente al Grupo México" dentro del concurso, facilitó el "complemento adecuado" a esta "presunta ilegalidad".