El Tribunal Supremo del Reino Unido falló este martes, con un veredicto unánime e histórico, en contra del primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, al considerar "ilegal" la suspensión del Parlamento durante cinco semanas.

En un fallo histórico, la presidenta del Supremo, Brenda Hale, afirmó que la suspensión de las cámaras, adoptada por el líder "tory" el pasado agosto, fue "nula" y queda "sin efecto".

Los once jueces de la máxima instancia judicial de este país tenían que examinar dos recursos diferentes: el de la Corte de Apelación de Escocia, que consideró ilegal la medida adoptada por el jefe de Gobierno, y la del Tribunal Superior de Londres, que determinó que la cuestión era competencia política.

El panel de magistrados valoró que el asesoramiento de Johnson a la reina Isabel II, jefa de Estado, para proceder al cierre parlamentario -del 9 de septiembre hasta el 14 de octubre, poco antes del "brexit"- no se ajustó a la legalidad pues perseguía "frustrar o impedir" que el Parlamento desempeñara sus "funciones constitucionales".

"Este tribunal concluye que la decisión de aconsejar a Su Majestad que suspendiera el Parlamento fue ilegal porque tenía el efecto de frustrar o impedir la capacidad del Parlamento de llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable", afirmó Hale.

Las dos cámaras de Westminster quedaron clausuradas al término de las sesiones del pasado 9 de septiembre hasta el 14 de octubre, cuando estaba previsto que la reina Isabel II inaugurase un nuevo curso parlamentario al leer la nueva agenda del Gobierno de Johnson.

Tras conocer el fallo, el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, informó de que ha dado instrucciones para que el Parlamento reanude este miércoles sus sesiones.

En una declaración a los medios, Bercow comunicó que espera que la Cámara de los Comunes reanude su actividad a las 11.30 hora local (12.30 hora peninsular española) de este miércoles, si bien precisó que no tendrá lugar la sesión semanal de preguntas al primer ministro, el conservador Boris Johnson.

El presidente de la Cámara baja manifestó su satisfacción por el dictamen del Supremo, pues ha dejado claro que el cierre del Parlamento -dispuesto por Johnson el pasado agosto- impidió a los Comunes cumplir con sus funciones de supervisar la labor del Ejecutivo en momentos cruciales para el Reino Unido, que tiene fijada la fecha del brexit para el próximo 31 de octubre.

Bercow explicó que ha estado en contacto con los líderes de los partidos políticos para continuar mañana con las sesiones parlamentarias, después de que el Supremo, máxima instancia judicial del Reino Unido, considerase "nulo" y "sin efecto" la suspensión del Parlamento de Westminster dispuesta por Johnson.

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, pidió este martes a Boris Johnson que "reconsidere su posición" al frente del Gobierno, después de que el Tribunal Supremo declarara "ilegal" su suspensión del Parlamento.

Por su parte, el primer ministro británico afirmó en declaraciones a la BBC que su Gobierno "respetará" el fallo. Johnson, que se mostró "en profundo desacuerdo" con el histórico veredicto de la máxima instancia judicial del país, se encuentra en Nueva York, donde participa en una reunión de la Asamblea General de la ONU.

"Obviamente es un veredicto que respetaremos, respetaremos el proceso judicial", aseguró el líder tory al ser preguntado por el dictamen.

Johnson opinó que no consideraba que la decisión de esa corte británica fuera "la correcta" pero que, "por supuesto, el Parlamento regresará y eso lo respetaremos". 

"Lo importante es que continuemos y ejecutemos el 'brexit' el 31 de octubre", agregó Boris Johnson, que aseguró que "hay muchísimas personas que quieren evitar que este país salga de la UE".

"El Reino Unido abandonará la UE el 31 de octubre, pase lo que pase", insistió Johnson, y recalcó que lo importante es obtener un buen acuerdo de retirada con Bruselas, aunque opinó que el dictamen del Supremo "no facilita" la obtención de ese pacto con los 27.

La cercanía con la fecha pactada para la ejecución del "brexit", el 31 de octubre, generó una oleada de críticas contra Johnson, que justificó la medida con el argumento de que precisaba de ese tiempo para poder elaborar la nueva agenda legislativa de su Ejecutivo.

Al leer su dictamen, la presidenta del Supremo subrayó que esta suspensión prolongada de la democracia parlamentaria se produjo en unas circunstancias bastante excepcionales: el cambio fundamental que iba a producirse en la Constitución del Reino Unido el 31 de octubre, fecha prevista para la salida de la Unión Europea (UE).

"El Parlamento, y en particular la Cámara de los Comunes como representantes electos de los ciudadanos, tienen el derecho a tener voz en cómo se produce ese cambio. El efecto sobre los fundamentos de nuestra democracia fue extremo", remarcó con dureza la jueza.

Durante este proceso judicial, los demandantes reprocharon a Johnson que obrara siguiendo una estrategia con la que impedir al Parlamento bloquear sus planes sobre una retirada sin acuerdo de la UE.

En el proceso presentado por la activista anti "brexit" Gina Miller, secundado por el ex primer ministro conservador John Major, se alegó que la duración excepcional del periodo de suspensión era, en este caso, una "clara prueba de que el motivo del primer ministro era silenciar al Parlamento" al verlo como un "obstáculo" para avanzar hacia sus objetivos políticos.

Frente a esta querella (presentada ante el Tribunal Superior y recurrida ante el Supremo por Miller), la defensa de Johnson mantuvo que la suspensión de las cámaras es una prerrogativa y que la clausura de las cámaras era una decisión "inherente y fundamentalmente política por naturaleza" sobre las que no debería interferir la Justicia.

En cuanto al segundo caso, en Escocia, un grupo de 75 parlamentarios, encabezados por la diputada del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, alegó que la suspensión parlamentaria respondió a "motivos espúreos" destinados a evitar el escrutinio de las cámaras.