Así lo ha asegurado el consejero de Medio Ambiente, Guillermo Blanco, este lunes en el Pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta del Grupo Mixto-Vox sobre si el Ejecutivo regional PRC-PSOE baraja alternativas a la demolición de la estación depuradora de aguas residuales.

A esta cuestión, que ha cerrado la sesión plenaria, ha contestado el también titular de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, que ha recordado que tanto las obras de derribo de la actual EDAR como la construcción de la nueva dependen del Ministerio para la Transición Ecológica, en funciones en la actualidad, al igual que todo el Ejecutivo central.

Frente a ello, ha apuntado el regionalista, la administración autonómica "solo puede velar por que no se mueva ni una piedra ni una tubería hasta que no esté en funcionamiento la nueva".

Blanco ha aprovechado para insistir en que ninguna de las alternativas para la posible nueva ubicación de la depuradora que estudia el Gobierno de España "está libre de problemas ambientales y de contestación social", pero ha insistido en cualquier caso que es decisión del departamento que dirige Teresa Ribera y no del Gobierno regional.

Vuelta Ostrera ha centrado otro punto del orden del día, en el que PRC y PSOE han rechazado junto con Vox una iniciativa de Ciudadanos para urgir al Estado que decida el emplazamiento de la estación, y en el que los regionalistas han acusado a los naranjas de estar "eligiendo" ese lugar y, en consecuencia, "quitando competencias" al Ministerio, que es el que debe resolver.

La proposición no de ley, defendida por Félix Álvarez, portavoz y diputado de la formación liberal, ha contado únicamente con la abstención del PP, que lidera la oposición al bipartito y que inicialmente había anunciado que iba a votar a favor.

En ella se pedía también al departamento que dirige Teresa Ribera que se comprometa a no demoler la actual estación depuradora de aguas residuales hasta que esté en funcionamiento la instalación que la sustituya.

La parlamentaria del PRC Rosa Díaz, que además es alcaldesa de Polanco, uno de los municipios a los que da servicio la depuradora y que podría albergar la nueva, ha tachado de "partidista, oportunista y demagógica" la propuesta de Ciudadanos, partido que se ha decantado públicamente por la isla de Monti -o de Solvay- para albergar la futura instalación.

Según ha indicado la regidora regionalista, tras las alegaciones efectuadas a las posibles ubicaciones se ha abierto un nuevo plazo, a raíz del cual se tendrá que formular la declaración de impacto ambiental, y a partir de este paso y conforme a los informes técnicos se decidirá la ubicación de Vuelta Ostrera, para lo que "todos" -ha dicho- han de defender el mejor emplazamiento.

En su intervención, Álvarez ha pedido a las administraciones que dejen de poner "palos en las ruedas" a este problema y de "dilatar" la solución, veinte años después de la construcción de la instalación -que costó 24 millones de euros, ha recordado- y casi catorce desde la sentencia del Tribunal Supremo que ordena su derribo.

Además, el líder regional de Cs ha rechazado la "pelea de gallos" que a su juicio mantienen PP y PSOE por ver quién tiene más "culpa" en este caso, al que se ha referido como "de chulería política".

Los socialistas se han centrado, por boca de su diputado Javier García-Oliva, que fue director general de Medio Ambiente, en el coste medioambiental de este proyecto, construido sobre 87.000 metros cuadrados de marisma, ecosistema que ha sufrido una "degradación" al levantarse sobre él la depuradora.

Y ha aprovechado para recordar que la sentencia, al igual que el resto de resoluciones judiciales, "hay que cumplirla", respondiendo así las palabras del portavoz de Vox, que ha aludido a la capacidad del poder Legislativo de hallar "alternativas razonables" que eviten el derribo, pues sería "demencial" -ha dicho- "gastarse 130 millones en tirar la casa y volverla a hacer 50 metros más allá". "La peor de las soluciones posibles es cumplir la sentencia", ha opinado Cristóbal Palacio.

De su lado, los 'populares', representados en este punto de la sesión por Roberto Media, también han remarcado que los fallos hay que ejecutarlos.

Este parlamentario ha destacado igualmente la necesidad de que la futura Vuelta Ostrera cuente con el mayor consenso social, económico y político y ha cuestionado que un asunto de tanta "trascendencia" no se incluyera en el "papeluco" que firmaron PRC y PSOE, para cerrar el pacto de Gobierno en Cantabria y apoyar los regionalistas la investidura de Pedro Sánchez.

Al hilo, el diputado del PP ha considerado que los cantabristas son "sumisos y permisivos cuando un socialista duerme en el colchón de La Moncloa".

Un argumento que también se han echado en cara en otro debate del Pleno: una proposición no de ley para instar al Estado a que haga efectivo el derecho de Cantabria a captar agua del embalse del Ebro, con la aprobación definitiva e inmediata de la autorización especial para la derivación de los 26 hectómetros cúbicos.

La PNL, defendida por el PP y enmendada por Cs, ha sido tumbada por el 'no' del PRC-PSOE, que habían presentado otra propuesta de enmienda para hacer el requerimiento "con plena seguridad jurídica y con la mayor urgencia" y que ha sido rechazada por los 'populares'.

Según los regionalistas, el Gobierno cántabro está pendiente de la autorización de la captación de agua, que está en tramitación, y que quieren que se haga de forma "escrupulosa" para evitar "reveses judiciales" como los que ha habido hasta ahora.

Extremo que también comparten los socialistas, que desean igualmente "plena seguridad jurídica" en la captación de agua del embalse. Además, desde este partido han acusado al PP de estar ya "en modo campaña electoral", después de que los 'populares' hayan comparado la actitud del presidente y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, en 2017 con la de este año.

Entonces, cuando el Gobierno presidido por el 'popular' Mariano Rajoy planteó la posibilidad de denegar la captación del Ebro y que Cantabria recurriera al de Alsa, algo que finalmente no se produjo y que sí ha sucedido este verano, el regionalista denunció que "nos roban el agua" y amenazó con "meterse en el pantano".

Sin embargo, ahora, ante el Ejecutivo de Sánchez, Revilla ha optado por "tirarse al suelo como un felpudo" y "tragar con todo", tras el "intercambio de votos" para la fallida investidura y el Gobierno de coalición en Cantabria.

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