La modificación aprobada recoge concretamente que los patinetes eléctricos con sillín sólo podrán circular por la calzada y deberán cumplir la normativa relativa a los ciclomotores convencionales. Los patinetes sin sillín con una potencia máxima de 250 vatios (W) podrán transitar por vías ciclistas a un máximo de 15 kilómetros por hora, aunque no podrán hacerlo por las aceras ni zonas peatonales o calzadas -salvo por los espacios declarados Zona 30 o 20-, ni podrán ser usados por menores de 15 años, a excepción de que vayan acompañados por un adulto, con casco y por el carril bici.

En el caso de los vehículos autoequilibrados, como los 'segway', los monociclos y los 'hoverboard', no podrán sobrepasar los 20 kilómetros hora y tendrán una potencia máxima de 1.000 vatios para los 'segway', 500 vatios para los monociclo y los 700 vatios para los 'hoverboard', y no tendrán autorización para circular si exceden esas características. Además, los 'segway' sólo podrán circular con fines turísticos por zonas determinadas marcadas para ello y con autorización del Consorcio de Turismo, previo informe del área de Movilidad.

Para la aprobación final de la norma, y según la documentación recogida por Europa Press, han sido desestimadas las alegaciones procedentes de nueve entidades o ciudadanos y han sido aceptadas parcialmente las reclamaciones de tres entidades.

Ante ello, Smar Mobility expone en un comunicado que había avisado al Ayuntamiento de "la necesidad de un diálogo que ayude a determinar una propuesta reflexionada y consensuada para las nuevas modalidades de movilidad sostenible que están llegando a las ciudades y que, con una regulación inteligente, pueden convertirse en una oportunidad para los ciudadanos y para la evolución hacia urbes más sostenibles", por lo que reclamaba que el Consistorio desistiese de someter este jueves a votación el citado texto.

Para estas empresas, que habían formulado alegaciones al documento de aprobación inicial de la nueva regulación, previo al texto definitivo, la regulación aprobada implica "una limitación para el ciudadano en su libertad de elección y una reducción de las alternativas para entornos más habitables y sostenibles".